OPERATIVO VIOLENCIA INSTITUCIONAL

El jueves 14 de junio del corriente año se llevó a cabo el megaoperativo denominado “Tormenta Negra”, desarrollado en forma simultánea en numerosas villas y barrios populares de la Ciudad: Barrio 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica (19), Cildañez y Barrio Mitre.

Según la información oficial difundida por el Gobierno, el operativo contó con la participación de más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad, culminando con la detención de 27 personas, el secuestro de estupefacientes y el cierre de cinco búnkers utilizados para la comercialización de drogas.

Después de semejante despliegue, es imprescindible establecer la dimensión social y la ilegalidad que esconde la cacería hacia los barrios populares. El carácter de “megaoperativo”, con la denominación particular de “Tormenta Negra”, es una forma de escalar, con una profunda mediatización, ese primer punto más codiciado para los viles y ruines. El desalojo público se percibe ahora como un foco en el que se reanima la violencia.

El punto central para la criminalidad es poder definir enemigos. La cantidad de presencia de efectivos desplegados, sostenida con el discurso de la guerra contra el narcotráfico y la ocupación del espacio, supone que el enfrentamiento debe ser combativamente análogo. Es la acción política de enfrentar a la Policía precarizada de la Ciudad contra un grupo de personas vulnerables, también sumamente precarizadas, donde comparten de manera asimilable la falta de acceso a la vivienda, el aumento de las tarifas, el desempleo, la quita de subsidios, entre otros.

Este tipo de operativos no hace más que reproducir uno de los mayores errores en materia de seguridad y política criminal desde el retorno a la democracia: la sobrerrepresentación de Fuerzas de Seguridad en el territorio, basada en la falsa creencia de que la seguridad depende más de la capacidad represiva del Estado que de la capacidad para prevenir escenarios conflictivos.

A contrario sensu de lo desarrollado por el GCBA, está comprobado, mediante pruebas empíricas y estudios, que el análisis de inteligencia criminal y su articulación con investigaciones desarrolladas por el Poder Judicial, con el debido control judicial y el correspondiente respeto de las garantías constitucionales de todo proceso penal, son formas más efectivas de abordar la cuestión delincuencial.

Una mirada intrusiva en el territorio, sin el acompañamiento de políticas públicas sociales basadas en los derechos humanos. A su vez, este tipo de operativos no hace más que reforzar y reproducir estereotipos criminales sobre los y las vecinas de estos barrios, introduciendo mayores niveles de violencia que los que reduce y magnificados a partir de la espectacularización mediática que los acompaña.

Así, mediante la intervención en los barrios a partir de este operativo de saturación y asalto, se extiende la lógica de control territorial a partir de la injerencia desproporcionada de Fuerzas de Seguridad, que implicó, en los hechos, la suspensión de derechos y garantías de los y las vecinas de estos barrios.

Fiel a su estilo, racista y berreta, Macri declaró: “Este operativo tiene un sólo objetivo, proteger el estilo de vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires”.

Ningún sketch de Peter Capusotto y sus videos fue tan explícito como el ex DJ devenido en intendente. Y es que la ficción precisa de formas alegóricas para construir realidades, pero no así la derecha que representa el Gobierno de la Ciudad hoy.

¿Cuál es el estilo de vida de los vecinos? ¿Quiénes son esos vecinos? Claramente no quienes habitan los 15 barrios populares y villas de la Ciudad y fueron perseguidos como delincuentes por el hecho de vivir en la exclusión de las estructuras urbanas tradicionales.

Ileana Arduino nos recuerda que existe una forma específica de gobierno mediante la criminalización cuya instrumentación se desentiende de reales relaciones de eficacia con los objetivos declarados y que esto se vincula con la gestión de órdenes jerárquicos estructurados en torno a la clase y la raza desde la selectividad punitiva.

Este cruce —clase, raza y poder punitivo— es de larga data en la historia argentina y latinoamericana. La Ciudad de Buenos Aires se ha pintado a sí misma como un centro civilizatorio en medio de una pampa bárbara, como un reducto europeo en medio de América, como un páramo antiperonista en medio de un país popular y un paraíso blanco en medio de un continente de pobladores originarios y descendientes de barcos esclavistas.

El macrismo en la Ciudad ha transformado el paisaje urbano a través de leyes que permitieron la construcción a gran escala y la venta de tierras públicas a entidades privadas. De esa manera, la posibilidad de especular a través del negocio inmobiliario ha permitido la introducción, dentro del mundo de la legalidad, de dinero proveniente de fuentes diversas.

Creemos que estos temas, que parecen diversos, están emparentados en tanto la discusión por el territorio y la valorización de la tierra forman parte de las discusiones sobre quiénes pueden ejercer la categoría de vecindad. En este sentido, Seghezzo y Dallors explican de qué manera la securitización punitivista administra la funcionalidad de los ilegalismos, invisibilizando o naturalizando aquellos de los que es parte en ejercicio de la estrategia selectiva que se refuerza con la gramática racista.

Achille Mbembe, historiador camerunés, establece que la necropolítica es la concepción del ejercicio de soberanía como aquel que determina a quién deja vivir y a quién hace morir.Por tanto, creemos posible establecer la fácil vinculación entre los conceptos académicos y teóricos traídos al documento y las situaciones que se han vivenciado en las últimas semanas en la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe aclarar que estos hechos no son novedosos, en tanto la necesidad de los gobiernos macristas en la Ciudad de atentar contra los sectores populares y el uso de la criminalización de los mismos como método de ordenamiento de corte securitario es una moneda corriente desde hace más de dieciocho años.

Estas prácticas se ven incrementadas por la falta de resultados de la gestión actual en otras áreas de gobierno, que lo hacen perder el histórico apoyo de los sectores que se consideran a sí mismos vecinos y precisan de estas prácticas reflejadas en un OTRO que les haga saber que ellos sí son.

Nos parece importante reforzar estos conceptos para entender por qué el abordaje de una política de derecho penal mínimo y de baja intervención punitiva está íntimamente relacionado con una política social y económica en la que la legislación y aplicación normativa es crucial para impartir legalidad y legitimidad.

Vemos así cómo esto no sólo impacta en un concepto jurídico, sino también en una idea social y civilizatoria. Por ello, nuestra mirada sobre el derecho es intrínsecamente política y precisa de una mirada constantemente crítica.

https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/noticias/la-ciudad-despliega-un-impresionante-operativo-simultaneo-con-mas-de-1500

 ARDUINO,I Los hilos punitivos de la trama neoliberal:intercambios en clave feminista en Sosa,N; Cardeli,M; San Cristóbal, A Emergencias, repensar el Estado,las subjetividad y la acción política. Ediciones Marina Cardelli, 2018. Pág. 162.

 SEGHEZZO, G y DALLOROS, N Del punitivismo al cuidado (feminista).El porvenir de la ilusión securitaria en Sosa,N; Cardeli,M; San Cristóbal, A Emergencias, repensar el Estado,las subjetividad y la acción política. Ediciones Marina Cardelli, 2018. Pág.178

 MBEMBE, A Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto Ediciones Melusina. Pág.21

(*) Enfoque Penal Critico