Contrabando a Bolivia

Contrabando a Bolivia

"Maldito el que empuña las armas contra su pueblo"
Por Natalia Salvo*

En el marco de un levantamiento sedicioso que culminó con un golpe de Estado, el gobierno de Mauricio Macri envío material bélico a Bolivia.

Lo hizo de modo irregular, por fuera de los canales formales, en contra de la ley, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

El ex presidente no fue el único responsable.

En otro ejemplo más de apropiación de lo público con fines espurios, se usó la estructura del Estado para servir al tándem de intereses económicos locales y norteamericanos.

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich -de la que dependía el Director de Gendarmería Nacional Gerardo Otero-, el Ministro de Defensa Oscar Aguad, el de Relaciones Exteriores y Culto Jorge Faurié, el actual Ministro de Trabajo de Jujuy y ex Embajador Argentino en Bolivia Normando Alvarez García, Jorge Dávila Director de Aduana y Eugenio Cozzi Director de ANMAC, perpetraron contrabando de material bélico, agravado por su condición de funcionarios públicos y por tratarse de armas y municiones de guerra (arts 863, 865 inc. a) y b), y  arts 867 del Código Aduanero), malversación de caudales públicos (art 260 CP), abuso de autoridad (art 248 CP), y delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación (arts 219  y 220 CP).

Fueron partícipes necesarios de la rebelión que derrocó a Evo Morales y que comenzó el 10 de noviembre de 2019.

Las fuerzas sediciosas bolivianas contaron con el apoyo indispensable de la Organización de Estados Americanos, a través de los silencios y eufemismos legitimantes de Luis Almagro.

Inicialmente -en sintonía con el modus operandi desplegado por la alianza que gobernó entre el 2015 y el 2019-, tanto Macri como sus ex ministros/as esgrimieron la falsedad de la carta hallada en la embajada argentina en Bolivia. Suscripta y cursada por Jorge Gonzalo Terceros (Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana) al Embajador Álvarez García, aquel le agradecía la provisión del arsenal de municiones y gases lacrimógenos el 13 de noviembre de 2019.

Habían transcurrido escasos días de la consolidación del golpe de Estado, y ese material no figuraba en la cadena de control de los distintos organismos de nuestro país. Macri, Bullrich, Aguad y sus laderos arguyeron que las armas, granadas y gases estaban destinados a proteger la embajada Argentina en Bolivia.

Sin embargo, la policía y fuerzas armadas de ese país hallaron el material en galpones ocultos. Jamás llegaron a nuestra embajada.

Esa carta de agradecimiento no fue el único documento que acreditó el financiamiento en especie del golpe de Estado en Bolivia.

De las distintas carteras ministeriales -con sus titulares actuales-, tomó estado público la existencia de profusa documentación probatoria del tráfico ilícito de armamento.

La entidad de las circunstancias no se ciñe a la incursión delictual sino a la gravedad institucional que implicó el destino de las armas, balas y granadas, enviadas a las Fuerzas Armadas Bolivianas a horas del derrocamiento a Evo Morales. El fin fué reforzar su capacidad de acción en el levantamiento sedicioso contra el gobierno legítimo, incurriendo en múltiples violaciones de derechos humanos. Dolorosa y perversa muestra de esos incumplimientos se evidenciaron en las masacres de Senkata y Sacaba.

Los golpes de Estado, las dictaduras militares o la intervención extranjera con la ayuda de socios foráneos, nunca se presenta con ese mote; precisa del ropaje de institucionalidad y un supuesto peligro inminente sólo posible de aventar a través de medios drásticos. Evidenciar los modos y métodos permite visibilizar las prácticas cuyo fin último es la segregación latinoamericana y el alineamiento a los intereses del departamento de estado de EEUU, país que ve en Latinoamérica unida un peligro para su preeminencia continental y hegemonía mundial. Fuimos y somos el mercado propicio de empresas norteamericanas, el territorio próspero de recursos naturales apropiables, y también el principal impedimento a la consumación de ese objetivo de eternos proveedores ante la emergencia y/o permanencia de gobiernos de corte nacional y popular.

El objetivo que con el Lawfare lograron en Brasil, Ecuador y Argentina, en Bolivia lo llevaron a cabo con la colaboración de los representantes de las nuevas derechas y a través del golpe de estado.

Un nuevo Plan Condor 2.

La guerra jurídica -o la utilización de la ley con fines persecutorios, en connivencia con el sistema de justicia, medios de comunicación monopólicos y servicios de inteligencia-, proscribió líderes y lideresas populares e intervino en la opinión pública demonizando candidatos, torciendo el resultado de elecciones.

Contemplar tanto el contrabando agravado de armas como el lawfare desde una perspectiva puramente jurídica, coadyuba a una cosmovisión panjuridicista que todo lo explica desde y con el derecho, descartando el contexto geopolítico y la historicidad respecto de la suerte que corrieron en Latinoamérica los gobiernos de mayorías que ampliaron derechos.

Sólo el pueblo en tanto sujeto político que recupera y actúa su historia es protagonista de la soberanía económica, política y social, lo que explica la pretensión de pulverizar la política, el lazo colectivo y les representantes de mayorías.

 

* Natalia Salvo, Abogada laboralista, docente universitaria, integrante Corriente de Abogadxs Laboralistas 7 de Julio.

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