CUANDO LOS JUECES NO CUMPLEN LAS REGLAS: “tráfico de influencias y lawfare en los sótanos del Partido Judicial”

El pasado domingo 04 de diciembre se dio a conocer en distintos portales de noticias el hackeo del celular del Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, a partir del cual se difundieron mensajes intercambiados a través de dos grupos de Telegram entre el Ministro y jueces, fiscales y empresarios de Grupo Clarín.

En el primero de los chats participaban, además del ya mencionado Ministro de Seguridad de la CABA, las siguientes personas.

Por parte del sector empresario:

– Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y Director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom S.A.

– Jorge Rendo, CEO de Grupo Clarín.

– Tomás Reinke, empresario relacionado a distintos negocios de publicidad y consultoría.

Por parte del Poder Judicial:

– Carlos “Coco” Mahiques, juez federal que integra actualmente la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal

– Juan Mahiques, hijo de Carlos Mahiques, actualmente fiscal general de la CABA

– Pablo Cayssials, juez nacional de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal

– Pablo Yadaraola, juez nacional en lo Penal Económico

– Julián Ercolini, juez nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la CABA

Por parte de los servicios de inteligencia:

– Leo Bergroth, ex miembro de la SIDE

El grupo de Telegram que lleva el nombre “Operación Página 12”, parece crearse a raíz de la supuesta filtración de un viaje a Lago Escondido que los integrantes habrían hecho, invitados todo pago por Grupo Clarín.

Además, según trascendió, se habrían hospedado en la conocida mansión del magnate Joe Lewis, íntimo amigo del ex presidente Mauricio Macri.

Así, los funcionarios, jueces, fiscales, y empresarios discuten cómo evitar que la noticia sobre el viaje se dé a conocer en los medios y, eventualmente, qué defensas oponer judicialmente.

Lo que llama poderosamente la atención – o no tanto a estas alturas – es cómo manifiestan haber “arreglado el asunto” con los distintos medios de comunicación, la mayoría pertenecientes al mismo Grupo Clarín que habría invitado el viaje, para que el hecho no se dé a conocer en ningún portal de noticias.

Un ejemplo al respecto es el mensaje que envía al grupo Carlos Mahiques diciendo “No sé cómo consiguió mi cel un tal Ari Lijalad de El Destape. Me pregunta por el vuelo a Bariloche con otros colegas y Marcelo. Le contesto negando o lo dejo sin respuesta?”.

El Ministro de Seguridad porteño le responde diciendo “A mi me escribió y a Juan también. Ninguno le respondimos”.

En otro mensaje, Carlos Mahiques propone “Alguien puede hablar con Hadad para que infobae no lo levante?”

Más adelante, el Ministro porteño anuncia, para la tranquilidad del resto de los viajeros del grupo, que “Infobae no piensa tratar el tema”. Agrega que La Nación tampoco, y sólo les quedaba hablar con Clarín.

Afortunadamente el CEO de Clarín es miembro de ese mismo grupo, y les responde “Lo estamos discutiendo. Tengo reunión a las 20.00. Cualquier cosa les aviso…”

Además de coordinar los acuerdos con los distintos medios de comunicación para que la noticia del viaje financiado por Grupo Clarín no se filtre, intentan dilucidar cómo y quién filtró la información del viaje, poniendo en el centro de la escena a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Órgano de Control de Aeropuertos.

Al respecto, planean presentar una denuncia contra los responsables de dichos organismos, interpretando que se trataría de un caso de espionaje ilegal a través de las cámaras de seguridad de los aeropuertos y de la documentación aeroportuaria.

Yadarola menciona como responsable a José Glinski, jefe de la PSA. En tono amenazante, el Ministro de Seguridad de la CABA responde “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”, refiriéndose claramente a un patrullero de la Policía de la Ciudad, conducida por él.

Otro aspecto verdaderamente alarmante de la conversación es la propuesta del juez federal Carlos Mahíques, quien propone “Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA”.

Acto seguido se ponen a pensar de manera conjunta cómo adulterar pruebas ante una posible denuncia judicial. Proponen entre otras cosas conseguir que les emitan facturas con fecha anterior al viaje que deberían pagar en “cash”.

El segundo grupo de Telegram cuyo chat fue filtrado se compone de los mismos integrantes, pero ahora con el nombre “Grupo Donatto contraataca”. En este chat la conversación gira en torno a la estrategia de defensa judicial.

Ante una posible denuncia en el Consejo de la Magistratura, el juez Yadarola propone, “(…) si se abre ese escenario en el Consejo, no convendrá provocar una investigación que nos tenga como víctimas de espionaje ilegal?”

Carlos Mahiques anuncia que habría una denuncia penal en Bariloche y otra en el Consejo de la Magistratura.

Acto seguido, el fiscal general de la CABA les anuncia una noticia esperanzadora. “Muchachos, acordamos que la fiscal pidiera la lista de pasajeros del vuelo de la PSA, y con eso, el oficio a la empresa para pedir las facturas”.

Entendiendo que se refiere a las facturas adulteradas que habían consensuado en el chat anterior, para simular que habrían pagado por el viaje que hicieron, cuando en realidad habría sido pagado por Grupo Clarín.

Más adelante, para asegurar la estrategia de impunidad, Mahiques hijo consulta “Molle, la fiscal va a pedir la factura de lago. Está ok no?” El juez Pablo Casey responde, “Sí Señor!”, quedando así todos conformes.

Sin embargo, el juez Pablo Yadarola propone ir más allá y que se acuerde con la fiscal que lleva la causa que “(…) con el pedido de sobreseimiento a la jueza, agregue que llama fuertemente la atención que la información acerca de la existencia del viaje se origina con la filtración de un documento, cuya información debía permanecer bajo la exclusiva órbita de preservación y custodia del personal de seguridad aeroportuaria (…)”

Julián Ercolini le responde que “Habría que ver si la fiscal se anima a hacerlo, quizá sienta que sobreactúa haciendo una denuncia o sugiriendo la extracción de testimonios. Si fuera así, estaría bárbaro. Si no, al menos que deslice como parte de los fundamentos que fue irregular la filtración de la fuente que dio origen a la noticia y posterior denuncia y nada más. Y quizás ahí puede jugar la jueza, mandando testimonios a CABA. O eso habilita a que se haga la denuncia con un anónimo por acá.”

Ya llegando al final de la conversación, festejan alegrados que, por un lado, tras haberse citado a “Nico” – quien parece haberse encargado del lado de la empresa turística de la logística del viaje – a declarar como testigo, su declaración fue buena. Por otro lado, festejan también que el juez Carlos Mahiques, integrante del grupo, haya sido declarado personalidad destacada de la Ciudad Autónoma, en el ámbito de las Ciencias Jurídicas.

Parece casi irónico y de película tragicómica que, después de haber leído cómo funcionarios de altísimo rango del Poder Judicial, un Ministro de Seguridad y un fiscal general, planean adulterar pruebas, influir en la investigación judicial en su contra y negociar con los medios de comunicación, la conversación finalice festejando la declaración de ciudadano ilustre en la Ciudad de uno de ellos.

Lo relatado desnuda lo que ocurre tras las bambalinas del poder. Resulta alevoso ver cómo, con tanta facilidad, acuerdan con otros colegas el contenido de las sentencias en las causas en las que son parte, quedando naturalmente impunes.

Para ello, cuentan con la amistad de los dueños de medios de comunicación monopólicos, que se aseguran que todo quede entre amigos, y la sociedad argentina nunca pueda conocer lo que verdaderamente ocurre en las escenas ocultas de un Poder Judicial que, lejos está de la democracia que queremos.

¿Por qué era importante que no se sepa que Grupo Clarín favorece a los jueces federales con viajes de primera categoría todo pago, con quienes mantienen una relación cotidiana? O, mejor dicho, ¿por qué es importante que ello no ocurra en una democracia constitucional y republicana?

Lo cierto es que, por los cargos que ocupan en el Poder Judicial las personas involucradas, son quienes, en el ejercicio de su función pública, a menudo deben resolver controversias que, en muchas ocasiones, tienen a dichas empresas como parte actora o demandada.

Además, se trata de los mismos jueces que intervinieron en causas políticamente relevantes contra la actual Vicepresidenta de la Nación, sus familiares y funcionarios de su gestión, lo que pone en tela de juicio su imparcialidad a la hora de llevar adelante dichas investigaciones.

En febrero de 2015, el juez Pablo Cayssials tuvo que decidir sobre la solicitud del dictado de una medida cautelar para suspender la Resolución 1121/14 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), en virtud de la cual se había ordenado la transferencia de oficio del Grupo Clarín. En su sentencia, falló a favor de Grupo Clarín, suspendiendo cautelarmente los efectos de la Resolución.[1]

Para citar otro ejemplo, en el año 2016 el juez Ercolini firmó una sentencia en el marco de la Causa Nº 7111/10 conocida como “Papel Prensa”, donde se dispuso el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz. El objeto de investigación de la presente causa eran presuntas acciones   ilícitas   entre   las   que   se   encuentran  la detención  ilegal  y  las  torturas  de  varios  miembros  de  la  familia Graiver  y  su  entorno,  como  así  también  su  propia  detención  en condiciones inhumanas, con el objetivo de lograr en el traspaso ilegal del paquete accionario de la empresa Papel Prensa S.A. en favor de FAPEL S.A., empresa conformada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

Nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional exigen al Estado que sus jueces y juezas sean independientes e imparciales, para garantizar juicios justos. Los jueces y juezas de la Nación tienen la responsabilidad de resolver las controversias, basándose únicamente en los hechos, las pruebas que obran en el expediente, y las leyes vigentes.

Es por esto que, la información filtrada esta semana reviste una gravedad institucional inusitada, que pone en tela de juicio el desenvolvimiento de los jueces y juezas de la Nación y las decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones. Será el pueblo argentino el que, más temprano que tarde, deberá repensar el diseño de sus instituciones judiciales para re-encaminarlas hacia un servicio de justicia transparente y democrático, que cumpla y haga cumplir la Constitución Nacional.

[1] IVNISKY BLANCK, JULIO Y OTROS c/ EN­AFSCA s/AMPARO LEY 16.986; Causa Nº 56650/2014.

(*) Abogada