LA RUTA DE LOS ESPÍAS: VOL II

En el volumen anterior abordamos el origen de nuestro Sistema de Inteligencia Nacional, su metodología de trabajo y la manera en que las tensiones existentes para con el sector militar marcaron su historia desde el derrocamiento de Juan Domingo Perón hasta el retorno de la democracia con Raúl Alfonsín. Además abordamos los vínculos existentes entre nuestro sistema de inteligencia y el famoso “copamiento a la Tablada” y como esto colaboro en el desgaste del alfonsinismo.

En el presente volumen, indagaremos en cómo se fue consolidando un modelo de articulación entre la Justicia Federal, los servicios de inteligencia y ciertos ámbitos políticos y empresariales. Esquema que tiene su origen en la presidencia de Carlos Menem (y su Secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy) pero cuyos efectos se sienten hasta la actualidad.

Durante la gestión de Menem-Anzorreguy se consolidó la estructura de los servicios de inteligencia tal como lo conocemos hoy, en particular, la coexistencia entre estos y la justicia federal, además del alineamiento geopolítico con Washington y con Tel Aviv.

Para poder imponer esta nueva estructura de poder se llevó adelante un acuerdo político entre los dos principales partidos políticos de la democracia, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, que se plasmó en la negociación entre el Ministro de Interior de Carlos Menem, Jose Luis Manzano y el ex Ministro de Interior de Raúl Alfonsin,  Enrique Nosiglia.

Para muestra sobra un botón dice el refrán y la estructura de inteligencia menemista no es la excepción. Para verificar cómo funcionaba esta nueva articulación entre la justicia federal y lo servicios tenemos que referirnos a un personaje fundamental en esta estructura: Luis Gonzalez alias “Pinocho” ex militar y Jefe de analistas de la “Casa Patria” grupo de la SIDE conformado en su mayoría por ex militares y conducida por Patricio Finnen, alias “Paddy” ex agente “heredado” de la dictadura y que sirvió como agente en Tel Aviv. Pinocho Gonzalez fue el encargado de funcionar como enlace entre la SIDE y el Poder Judicial, armando informes para jueces y recibiendo también sus encargos.

La SIDE menemista no estuvo exenta de escándalos. Desde la venta de armas a Ecuador, pago por sobresueldos con gastos reservados, denuncias por utilización política, hasta dos de los hechos más trágicos de nuestra historia: los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Estos hechos no solo demostraron la incapacidad de nuestros servicios en relación a su principal tarea, la prevención de amenazas que pongan en peligro la estabilidad y seguridad de la Nación, sino también que la propia investigación posterior estuvo atravesada por varios escándalos adicionales, como sospechas de desvío de pistas investigativas, y destrucción de evidencia documental. Este es el motivo por el cual en el año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino por incumplir las funciones de prevención antiterrorista y participar en el encubrimiento del atentado al no investigar adecuadamente al mismo. (CIDH 2005).

Terminada la década menemista, el radicalismo retorna al poder de la mano de una alianza entre la UCR (con la candidatura presidencial de Fernando de la Rua) junto con sectores progresistas desprendidos del PJ.

El gobierno de De la Rua puso a cargo de la SIDE a un amigo del presidente, Fernando de Santibañez, mientras que el ex militar ya nombrado Alejandro Brousson se hizo cargo de la delicadísima Dirección de Contrainteligencia. Además Nosiglia avanzó en la colocación del segundo a cargo del organismo, Dario Richarte.

La SIDE delaruista hizo gala de incompetencia y corrupción llevando al paroxismo los escándalos políticos. Desde el ataque contra el vicepresidente de la Nación, que terminaron por eyectarlo del gobierno y perjudicando la gobernabilidad del oficialismo, hasta los fondos para “la banelco” esto es los sobornos a senadores para la votación de leyes de flexibilización laboral surgieron de la SIDE. Esto llevó a la renuncia de Santibañez. Pero además fue de la SIDE que filtró la foto del delegado de la CIA en Buenos Aires Ross Newland, lo que despertó la ira de la central de inteligencia estadounidense y sepultó para siempre la carrera de Alejandro Brousson.

En este marco es que ocurren dos hechos fundamentales para entender la política de inteligencia; el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 (y el cambio en la política de seguridad global que  derivó de dicho atentado), y la crisis política, institucional, económica y social que desató en Argentina jornadas de protestas con brutal represión, estado de sitio y decenas de muertos en diciembre de ese mismo año.

La ruptura en la gobernabilidad que llevó a la renuncia del entonces presidente marcó también la consolidación del liderazgo interno en la SIDE del espía Antonio Jaime Stiuso incorporado en la agencia desde principios de los 70 pero que llegaría al poder luego de la detonación de la carrera política de su adversario interno Alejandro Brousson. Stiuso tomaría el comando de la SIDE en 2001 a través de la Dirección de Contrainteligencia pero su primacía se confirmaría recién en 2004, luego de obligar al entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz a exiliarse del país por haber osado mostrar en televisión una foto de su rostro.

Irónicamente en medio de este caos, en diciembre del 2001 se promulga la ley n° 25.520 de Inteligencia Nacional, ley modelo a nivel regional en materia de inteligencia, no solamente por marcar la hoja de ruta del trabajo del sistema de inteligencia nacional sentado las bases de la división de nuestro Sistema Nacional de Inteligencia entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (reemplaza la SIDE por la SI), la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (a cargo del Ministerio de Defensa y de conducir las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas) y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal a cargo hoy del Ministerio de Seguridad (y a cargo de conducir las áreas de inteligencia de la PFA, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía Aeroportuaria); sino por además incorporar los límites que deben regular el trabajo de los organismos de inteligencia, impidiendo su obrar en tareas represivas, policiales o de investigación criminal (salvo solicitud por parte de las autoridades judiciales), la obtención o producción de inteligencia sobre individuos por motivo de raza, religión, opinión política o pertenencia social partidaria o sindical, la incidencia en actividades de políticas nacionales, internacionales o en la opinión pública o de los medios de comunicación.

Además el artículo 31 de la ley le otorga al Congreso Nacional la potestad de ejercer el control sobre el Sistema Nacional de Inteligencia a través de la creación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Entre otras potestades la Comisión puede auditar los gastos reservados del Sistema Nacional de Inteligencia, acceder al listado de interceptaciones de comunicaciones realizadas por los organismos de inteligencia y analizar el funcionamiento general y realizar recomendaciones de funcionamiento a los organismos.

La clara contradicción entre lo plasmado en la letra de la ley y los escándalos que mencionamos anteriormente hacen ver que lo redactado normativamente no era consonante con el consenso político vigente en las cúpulas partidarias y de inteligencia.

Esta contradicción aparente entre cierta pasividad por parte del sistema político ante las fallas e intrigas del sistema de inteligencia y nuestro sistema normativo alcanza un nuevo capítulo a fines del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para esto debemos analizar tres hechos fundamentales.

Año 2013, se firma el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, a los fines de avanzar con la investigación y juzgamiento de los acusados por el atentado de la causa AMIA. Esto generó una disputa con sectores de los servicios vinculados políticamente a Tel Aviv y a Washington.

Año 2014 la presidenta desplaza al secretario y subsecretario de inteligencia, lo que genera el retiro de varios funcionarios históricos de la secretaría y decenas de colaboradores que habían prestado servicio durante la década anterior.

Año 2015, el fiscal Natalio Alberto Nisman, titular de la Unidad Fiscal que investigaba el atentado a la AMIA, acusa a la presidenta y a varios funcionarios de primera línea del Gobierno Nacional de promover un pacto con la República Islámica de Irán con el fin de garantizar la impunidad de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. Alberto Nisman, fiscal que había participado de la investigación por el ya citado copamiento a la Tablada y que había desarrollado un vínculo muy estrecho con el entonces todopoderoso director de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia (SI) Antonio Stiuso, es hallado muerto  en su departamento con un disparo en la cabeza, una semana después de realizar su denuncia (la cual vale aclarar carecía de evidencia que sustentara la acusación) contra las principales figuras del Gobierno Nacional. La crisis desatada por este suceso, impulsa a Cristina Fernández de Kirchner a enviar un proyecto de ley dirigido a disolver la SI y reemplazarla por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

En febrero del año 2015 en un tratamiento legislativo veloz pero con una enorme participación de la sociedad civil, contando con la opinión de expertos en asuntos relacionados con el control de organismos de seguridad y defensa se sanciona la Ley N° 27.126 que disuelve la Secretaría de Inteligencia y la reemplaza por la AFI, estableciendo que las máximas autoridades de este organismo (Director y Subdirector generales) deben ser designados por el Poder Ejecutivo pero contando con el aval del Senado de la Nación.

Algunos de los pilares en que se fundamentó la sanción de la Ley N°27.126 consistieron en reducir la informalidad de los servicios de inteligencia, creando el Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia e incorporando a la prohibición de la ley a las áreas de Inteligencia Criminal de las Policías, Fuerzas de Seguridad y de los Servicios Penitenciarios Federales. Además, con el objeto de romper el entramado creado en los años noventa de complicidad entre los Servicios de Inteligencia y la Justicia Federal, se buscó reducir al mínimo la relación de la AFI con el Poder Judicial. El artículo 9 de la ley expresamente señala que toda relación entre la Agencia y los poderes públicos federales, provinciales o locales debe ser ejercida por el director general de la AFI o quien este autorice y además se transfirió la Dirección de Observaciones Judiciales (la OJOTA, encargada de las interceptaciones telefónicas) fuera de la órbita de la Corte Suprema al Ministerio Público Fiscal.

Por último se buscó darle un nuevo perfil profesional a la AFI, a través de la absorción de las funciones y personal que antes se ubicaban en la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Si bien previo a la 27.126 nada impedía que la Secretaría de Inteligencia interviniera en temas de inteligencia sobre delitos complejos esto era una competencia primaria de la DNIC del Ministerio de Seguridad, siendo la transferencia de esta competencia a la AFI de impacto decisivo en la organización del Sistema Nacional de Inteligencia.

Asimismo, un par de meses después de sancionada la ley el Gobierno Nacional dictó el Decreto Reglamentario 1311/2015 que aprueba la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, complementando y ratificando lo expresado en la ley. Se eliminan los gastos reservados, a la vez que se aprueba un régimen de administración presupuestaria. Además, se establece un nuevo estatuto profesional dividido en escalafones y se determina una estructura orgánica pública para la Agencia. Por otra parte se intenta avanzar hacia un modelo más integrado en la agencia a los fines de licuar las disputas y balances de poder interno.Control político, transparencia, descentralización y profesionalización de los agentes son algunos de los ejes de la creación de la AFI.

Sin embargo, el triunfo del ingeniero Mauricio Macri como presidente de la Nación a fines del año 2015 dio un giro radical en la orientación de la política vinculada a la reforma de los servicios de inteligencia. Si bien se mantuvo vigente la Ley N°27.126, se derogó gran parte del decreto reglamentario, retomando los gastos reservados para el organismo, volviendo la estructura orgánica a tener un carácter reservado y eliminando el estatuto del personal. Además se despidió a más de 600 agentes que venían cumpliendo variadas funciones en el organismo y se le dio un fuerte perfil ideológico a partir de la contratación de nuevos agentes vinculados a la línea partidaria del nuevo gobierno y, principalmente, a miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales y de la Policía de la Ciudad.

A partir de la anteriormente desarrollada transferencia de funciones de inteligencia criminal a la Agencia, se terminó posicionando a la misma como un auxiliar de la justicia superponiendo sus funciones con la de las Fuerzas de Seguridad y abandonando su función primaria preventiva por un progresivo avance hacia un área de investigación penal. Además, esto motivo que se impulsará una mayor relación con ámbitos de la Justicia Federal.

La Agencia Federal de Investigaciones gestionada por Gustavo Arribas durante el macrismo estuvo fuertemente cuestionada por denuncias de persecución política. Para poner de ejemplo un grupo de espías, que pasó a la fama como el grupo de los Super Mario Bross, conformado en su mayoría por ex integrantes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, terminó con graves acusaciones de espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner, el ex Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y, la hermana menor del entonces presidente, Florencia Macri. ^[1]

La coexistencia con el Poder Judicial, en particular con la Justicia Federal Penal situada en los edificios de la calle Comodoro Py, con los servicios de inteligencia al mando de Mauricio Macri demostró que lejos de haber menguado la estructura ideada en los 90 incorporaba ahora nuevos mecanismos de persecución para opositores. Se sumaba ahora, además del ataque judicial, el linchamiento mediático de las principales usinas de prensa.

Resulta bastante evidente que un gobierno que había alcanzado el poder a partir de una de las más atroces y burdas operaciones de inteligencia como fue la causa Nisman^[2] utilizase una vez obtenido el control del Estado a los servicios en conjunto con los medios de comunicación masivos y sectores de la Justicia Federal como herramienta para sostener ese poder y atacar a sus adversarios.

Sin embargo, el agravamiento de la situación económica luego de la pésima gestión económica del gobierno macrista y de su economista estrella Luis “Toto” Caputo, que entre otras cuestiones significaron un nuevo ciclo de endeudamiento brutal de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, sumado a una estrategia de unidad y amplitud por parte de la principal fuerza opositora, el kirchnerismo/peronismo, el corrimiento de la principal figura de ese espacio, la ex presidenta y jefa política del peronismo Cristina Fernandez de Kirchner (y objetivo principal de las espadas judiciales y de inteligencia del macrismo) al rol de vicepresidenta en lugar de presidente, conllevo a la derrota de la alianza gobernante en 2019 y al triunfo de Alberto Fernández como presidente de la Nación.

En materia de inteligencia, el gobierno de Fernández intervino la AFI, y dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 52/2019 que faculto a las autoridades designadas a sanear el sistema de inteligencia, poner a disponibilidad al personal que se considerase apropiado y a reducir al mínimo las actividades y fondos reservados. Este eje fue fundamental ya que mientras de 2016 a 2019 el porcentaje de fondos de carácter reservados de la AFI era del 99% en 2020 se redujo a menos del 10%.

Pocos meses después se dictó también el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 214/2020 que eliminó el perfil policial de la AFI, eliminando la participación de los organismos de inteligencia en materia de investigación criminal. Además, el decreto circunscribió las funciones de la AFI a la producción de inteligencia estratégica dejando en segundo lugar la inteligencia táctica y operacional.

¿En qué consiste la inteligencia estratégica? El decreto no la define, pero a partir de lo establecido en el Plan Nacional de Inteligencia del 2021 observamos que se vincula con la defensa de nuestra soberanía nacional, nuestros recursos naturales estratégicos y la lucha contra delitos internacionales como el terrorismo, el narcotráfico o el crimen internacional organizado.

Haber relegado las funciones operativas y tácticas de la Agencia también llevó a la desvinculación de los agentes que venían cumpliendo esas funciones dejando muchísima mano de obra suelta del organismo.

Si bien la intervención de la AFI posibilitó el cumplimiento de los objetivos establecidos por el presidente de la Nación (el control político, la restricción al mínimo de los vínculos con el Poder Judicial, la transparencia en el uso de recursos, etc.) la reducción de la capacidad táctica y operativa de la AFI también disminuyó su capacidad de incidencia en la función de prevención de amenazas que ataquen la estabilidad nacional.

El intento de asesinato contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre del 2022 es la prueba cabal de todo esto. De haberse concretado el atentado contra la vida de la dirigente política, posiblemente las consecuencias sociales y políticas para la Argentina hubiesen sido devastadoras. Es por ello que el recorte en la capacidad operativa de los servicios termino asimismo generando una imposibilidad en el cumplimiento de sus funciones además de la clara permanencia de sectores externos pero vinculados al mundo del sistema nacional de inteligencia que continuaban y continúan operando a partir de una red de contactos entre el mundo empresarial, judicial, mediático y de la inteligencia.

^[1] https://www.pagina12.com.ar/434455-afi-macrista-casacion-se-suma-a-la-teoria-de-los-espias-cuen

^[2] Como nota de color el entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri fue el primer dirigente politico opositor en pronunciarse en relación a la muerte de Nisman pocas horas de transcurrir el descubrimiento del cuerpo. https://www.clarin.com/politica/macri-reclamo-muerte-nisman-bisagra_0_H1a-U5wXg.html

(*) Abogado y docente UBA.