UNA LEY HECHA CENIZAS

¿Qué está pasando en Córdoba?

En los últimos días, la provincia de Córdoba ha sido noticia por una ola de incendios devastadores. Diversos focos han consumido miles de hectáreas en departamentos como Punilla, Capilla del Monte, San Esteban, Los Cocos y La Cumbre. El saldo hasta el momento es preocupante: más de 40.000 hectáreas incendiadas, alrededor de 20 viviendas reducidas a cenizas, interrupciones en los servicios de electricidad y agua,  pérdidas de ganado, entre otras situaciones graves.

Si bien el cambio climático es un factor indiscutible en estos fenómenos y está en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los avances hacia sus objetivos han sido insuficientes. A pesar de ello, algunos países ya proyectan esfuerzos planteando la Agenda 2045 para reforzar las políticas ambientales globales a la cual Argentina ya manifestó que no adhiere. El cuidado del ambiente es una responsabilidad que trasciende fronteras y los incendios en Córdoba nos recuerdan que la crisis climática no solo es local.

Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Por qué se producen los incendios, en particular, en Córdoba? ¿Es solo el cambio climático? Las altas temperaturas son un factor, sí, pero también entran en juego otros intereses muchos de ellos económicos. Esto nos lleva a otras preguntas: ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional ante esta situación? y ¿Qué relación hay entre la legislación aplicable y los recursos asignados para enfrentarla?

La acción estatal frente a los incendios

Hace apenas unos días, se observó al Jefe de Estado sobrevolando en helicóptero las zonas afectadas por los incendios pero, hasta ahora, esa ha sido su única intervención visible. Desde lo alto parece que no consideró necesario hablar con los pobladores que lo han perdido todo. Su comportamiento podría interpretarse como una simple falta de sensibilidad o bien como una preocupación por los intereses inmobiliarios que se asoman tras cada catástrofe de esta naturaleza.

Pero el desinterés no termina ahí. Desde el inicio de su mandato el Presidente ha pasado más tiempo en el exterior o en redes sociales que atendiendo  cuestiones de gobierno como quedó evidenciado cuando retuiteó, de manera irresponsable, noticias falsas que culpaban a militantes de “La Cámpora» de haber iniciado los incendios. Esta información fue desmentida rápidamente por el Ministro de Seguridad de Córdoba.

El marco legal vigente

Para entender mejor esta problemática debemos analizar el marco legal. En Argentina, contamos con la Ley N.º 26.815 de «Manejo del Fuego», sancionada en 2012 y modificada en 2020. Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales a nivel nacional, lo que significa un piso mínimo de cuidados con los que se debe cumplir. Su objetivo principal es proteger y preservar el ambiente del daño generado por incendios así como velar por la seguridad de la población y de las personas afectadas por el combate al fuego.

Asimismo, la ley establece los mecanismos que debe llevar adelante el Estado para una intervención eficiente con el fin de lograr la prevención, la presupresión y el combate de incendios asegurando el correcto manejo del fuego. Para esto, dispone un Sistema Federal que permite planificar y optimizar los recursos disponibles y contempla un Programa de Fortalecimiento Operativo para equipar y organizar mejor a los cuerpos de bomberos y brigadistas. Además, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) tiene la facultad de coordinar las brigadas en todo el país. Sin embargo, para que esta estructura funcione es indispensable que se le asignen los recursos presupuestarios necesarios y que estos sean efectivamente ejecutados.

Aquí surge un problema alarmante: nos hemos enterado, a través de declaraciones recientes de Daniela Vilar Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que en el primer trimestre del año no se ejecutó ni un solo peso del presupuesto destinado al manejo del fuego y que al mes de septiembre solo se ha ejecutado un 39%. Cuando estas cosas suceden es menester entender la relevancia que tiene el tratamiento del presupuesto anual, su actualización de acuerdo a la inflación  y la necesidad primordial de que el mismo tenga perspectiva ambiental.

A nivel provincial Córdoba cuenta con una Ley de Manejo del Fuego sancionada en 1999 y modificada en diversas ocasiones, esta normativa se encuentra desactualizada respecto a la legislación nacional. La reciente modificación de la Ley Nacional, en particular la prohibición de modificar el uso del suelo durante 60 años en caso de incendio, resalta la necesidad de adecuar la legislación provincial para garantizar la restauración de las superficies afectadas.

Una responsabilidad constitucional

En este contexto es fundamental recordar el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho de los habitantes a un ambiente sano y equilibrado apto para el desarrollo humano así como el deber del Estado de garantizar el mismo. Además, se proveerá “la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica”. Sin embargo, las recientes políticas, como la Ley de Bases y el Decreto 70/23, apuntan en una dirección contraria. Estas normativas facilitan la intervención del sector privado en la explotación de recursos naturales, flexibilizando las regulaciones ambientales.

La Ley de Bases introduce el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga exenciones impositivas, deducciones de costos y acceso a dólares de manera diferencial; sumado a esto, propone flexibilización laboral y facilidades a empresas extranjeras para explotar recursos sin controles estrictos ni limitaciones. Además, le otorga al Poder Ejecutivo la facultad para transformar, modificar o disolver los fondos fiduciarios públicos, como el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, lo que debilita aún más las herramientas de prevención y respuesta ante emergencias ambientales.

Esta política de flexibilización ambiental inició con el Decreto 70/23, firmado el 20 de diciembre del año pasado. Este fue un anticipo del gobierno nacional sobre el nuevo rumbo que tomaría en relación a los temas ambientales. Así, de a poco, comenzó a correrse de su responsabilidad en relación con el ambiente lo cual resulta muy conveniente para aquellos que quieren quedarse con el manejo total de nuestros bienes comunes naturales.

El desfinanciamiento del Fondo Nacional de Manejo del Fuego

El Fondo Nacional de Manejo del Fuego, creado por la Ley N.º 26.815, debe ser administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación. Es esencial para financiar la logística y los recursos necesarios en la extinción de incendios. Este fondo se nutre del presupuesto general además de otras fuentes como donaciones y subvenciones. Sin embargo, su correcta administración y asignación de recursos durante este año ha sido una cuestión pendiente, especialmente frente a crisis como la actual en Córdoba.

Conclusión

Podemos concluir que la situación ambiental es crítica y requiere una respuesta urgente por parte del Estado. El presupuesto destinado al ambiente debe contemplar no sólo la prevención y combate de incendios sino también una perspectiva a largo plazo que garantice un ambiente sano para las generaciones futuras. Además, es hora de considerar la inclusión de delitos ambientales en el Código Penal ya que en general solo se imputa a quien comete el acto pero no se realiza una investigación a fin de condenar a quienes son autores intelectuales.

(*) Abogados UBA.