15 Sep CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS:
- Introducción
La situación jurídica de Cristina Fernández de Kirchner devenida de la causa Vialidad se proyectó al plano internacional el 29 de julio de 2026, cuando su defensa presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (en adelante, Comité). Dicha presentación tuvo lugar luego de que quedaran agotados los recursos internos tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación[1], que el 10 de junio de 2025, desestimó la queja interpuesta por la defensa y dejó firme la condena. Según lo expuesto públicamente por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, la comunicación cuestiona la compatibilidad del proceso y de la condena con distintos derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, PIDCP) y solicita, entre otras medidas, el levantamiento de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y modificaciones a las condiciones de su prisión domiciliaria.[2]
La utilización de esta vía no constituye una instancia de apelación internacional sobre la sentencia pronunciada por los tribunales argentinos. El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes establecido por el PIDCP, cuyo artículo 28 dispone su creación. El Primer Protocolo Facultativo del Pacto establece el mecanismo mediante el cual el Comité puede recibir y examinar comunicaciones individuales de personas que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto.[3] El procedimiento se encuentra condicionado, entre otros requisitos de admisibilidad, al agotamiento de los recursos disponibles de la jurisdicción interna.[4] Argentina aprobó el PIDCP y su Primer Protocolo Facultativo mediante la Ley 23.313[5], mientras que el Pacto posee jerarquía constitucional desde la reforma de 1994.[6] La presentación de la defensa se inscribe en un mecanismo internacional de comunicaciones individuales, cuya competencia fue reconocida por el Estado argentino al adherir al Primer Protocolo Facultativo.
El caso plantea una cuestión que excede la identificación de los derechos presuntamente vulnerados, que es la elección de un foro internacional como componente de una estrategia jurídica. Frente a una controversia que ha agotado todas las instancias judiciales internas posibles, la defensa de Cristina Fernandez de Kirchner optó por acudir al Comité de Derechos Humanos y no por presentar su planteo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta elección resulta relevante jurídicamente debido a las diferencias que existen entre ambos sistemas en cuanto a sus órganos, procedimientos y modalidades de pronunciamiento.
La estrategia adquiere una dimensión comparativa a partir del caso de Luiz Inácio Lula da Silva contra Brasil ante el mismo Comité. En su dictamen, aprobado el 17 de marzo de 2022, el Comité examinó cuestiones relativas a las garantías de un juicio imparcial, la presunción de inocencia, la detención y los derechos políticos, y constató violaciones de distintas disposiciones del Pacto.[7] De todos modos, la anulación de las condenas de Lula fue dispuesta por el Supremo Tribunal Federal de Brasil en 2021, antes de que el Comité adoptara su dictamen. No obstante, el caso constituye un antecedente particularmente relevante para el planteo de Cristina Fernández de Kirchner, ya sea por la similitud de los derechos involucrados, como porque el Comité emitió un dictamen favorable al autor en el que constató violaciones de derechos reconocidos en el Pacto. La experiencia brasileña constituye un antecedente pertinente para analizar los efectos jurídicos que puede producir un dictamen favorable del Comité en el ámbito interno y la respuesta del Estado frente a las conclusiones del órgano internacional. Su estudio permitirá también evaluar qué elementos de ese precedente pueden resultar importantes para el caso argentino.
En consecuencia, este trabajo se pregunta en qué medida la elección del Comité de Derechos Humanos como foro internacional constituye una estrategia jurídica susceptible de producir efectos sobre la situación jurídica de Cristina Fernández de Kirchner, y cuáles son los límites de esos efectos en el ordenamiento argentino.
Se sostiene como hipótesis que la elección del Comité constituye una estrategia jurídica internacional significativa, en especial por la posibilidad de someter ante un órgano internacional las alegaciones relativas a las garantías judiciales y los derechos políticos reconocidos por el PIDCP. Sin embargo, su eficacia no depende únicamente de la eventual existencia de un pronunciamiento favorable, sino también de las competencias atribuidas al Comité, de la naturaleza de sus pronunciamientos y de las condiciones de su implementación en el ordenamiento argentino.
La estrategia internacional de la defensa
La estrategia adoptada por la defensa se estructura en torno a dos dimensiones: por un lado, la denuncia por presuntas violaciones a las garantías reconocidas en el PIDCP; por otro, la solicitud de medidas provisionales destinadas a producir efectos concretos sobre la situación jurídica de Cristina Fernández de Kirchner mientras se desarrolla el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos.
En relación con la primera dimensión, la defensa plantea cuestionamientos vinculados con las garantías fundamentales, entre ellos: el derecho a ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial; la presunción de inocencia; el derecho de defensa; el derecho a la revisión de la condena; y la prohibición del doble juzgamiento.[8] A estos planteos se suma la invocación del artículo 25 del Pacto, particularmente respecto del derecho a participar en los asuntos públicos y a ser elegida.[9]
La segunda dimensión está vinculada con las medidas provisionales solicitadas al Comité. Según lo expuesto públicamente por la defensa, se pretende la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; la modificación de las condiciones de la prisión domiciliaria; y la recomposición de la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.[10]
La selección y presentación de dichos planteos revelan que la estrategia elegida no se limita sólo a procurar una declaración sobre la eventual violación de los derechos reconocidos en el Pacto. La defensa busca, además, que la intervención del Comité de Derechos Humanos pueda proyectarse sobre aspectos concretos de la situación jurídica de Fernández de Kirchner. Esta doble dimensión, declarativa y práctica, resulta significativa para evaluar la elección del Comité como foro y, posteriormente, el alcance que podría tener un pronunciamiento favorable.
¿Por qué el Comité de Derechos Humanos y no el Sistema Interamericano?
El Estado argentino se encuentra vinculado tanto al sistema universal de protección de los derechos humanos, a través del PIDCP y su Primer Protocolo Facultativo[11], como al sistema interamericano, principalmente a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[12] Ambos mecanismos permiten el examen de alegaciones individuales de violaciones de derechos, aunque presentan diferencias respecto de los órganos competentes, el procedimiento y la naturaleza de sus pronunciamientos.
En el sistema universal, las personas pueden presentar comunicaciones individuales directamente ante el Comité de Derechos Humanos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los arts. 1 y 5 del Primer Protocolo Facultativo. Mientras que en el sistema interamericano las peticiones individuales se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constituye la instancia inicial del procedimiento. La eventual intervención de la Corte Interamericana corresponde a una posterior etapa, sujeta a las condiciones previstas por la Convención Americana.[13]
La diferencia adquiere importancia al considerar la naturaleza de los pronunciamientos. El Comité de Derechos Humanos no constituye un tribunal internacional en sentido estricto, al examinar comunicaciones individuales actúa a través de un procedimiento de naturaleza cuasi jurisdiccional y expresa sus conclusiones mediante views o dictámenes. A pesar de esto, el propio Comité ha señalado que sus pronunciamientos tienen las características propias de una decisión judicial y constituyen una determinación autorizada del órgano establecido por el Pacto para su interpretación.[14] Esta característica contrasta con la función jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana establece la competencia contenciosa de la Corte y dispone que los Estados partes en el caso se comprometen a cumplir la decisión de la Corte.[15] La doctrina ha destacado el carácter vinculante de sus sentencias y la obligación estatal de respetarlas e implementarlas.[16]
De esta manera la distinción entre ambos mecanismos no debe reducirse a una oposición entre pronunciamientos “vinculantes” y “no vinculantes”. Si bien los dictámenes del Comité no poseen la misma naturaleza que una sentencia de un tribunal jurisdiccional, su autoridad deriva de las competencias que los Estados le atribuyeron mediante el PIDCP y el Primer Protocolo Facultativo, donde el propio Comité establece mecanismos de seguimiento en relación a su cumplimiento.[17] Es por eso que, para el caso argentino, lo relevante no consiste únicamente en determinar si un eventual dictamen sería formalmente vinculante, sino también en analizar qué efectos jurídicos puede producir y cuál podría ser la respuesta del Estado frente a sus dictámenes.
El antecedente Lula da Silva y los posibles efectos en el caso argentino
El caso de Luiz Inácio Lula da Silva constituye un antecedente considerable para el análisis del planteo de Cristina Fernández de Kirchner, ya sea por la similitud de los derechos involucrados como por tratarse de un pronunciamiento favorable del mismo órgano ante el cual se presentó la comunicación argentina. En la comunicación Nº 2841/2016, presentada el 28 de julio de 2016, la defensa de Lula alegó, entre otras cuestiones, vulneraciones vinculadas con el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, la presunción de inocencia y sus derechos políticos. El Comité de Derechos Humanos, en sus dictámenes aprobados el 17 de marzo de 2022, constató violaciones de los artículos 9.1, 14.1, 14.2, 17 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[18]
La importancia de este antecedente no se limita a que el Comité haya constatado las violaciones. En su dictamen, el Comité señaló que Brasil había incumplido las medidas provisionales solicitadas durante el procedimiento sobre la participación de Lula en las elecciones de 2018 y concluyó que el Estado debía adoptar las medidas necesarias para garantizar que los procesos penales contra el autor respetaran las garantías previstas en el artículo 14 del Pacto, así como prevenir la repetición de otras violaciones similares.[19]
Sin embargo, la situación interna brasileña debe distinguirse del pronunciamiento del Comité. Las condenas de Lula fueron anuladas en el ámbito interno por decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil en 2021, luego de que el ministro Edson Fachin declarara la incompetencia de la 13.ª Vara Federal de Curitiba y el Plenario del Tribunal confirmara dicha decisión. Esto ocurrió antes de que el Comité de Derechos Humanos aprobara su dictamen, el 17 de marzo de 2022, por lo que la anulación de las condenas no puede atribuirse al pronunciamiento posterior del órgano.[20]
La solicitud de suspender la inhabilitación perpetua adquiere trascendencia a la luz del antecedente de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante la tramitación de su comunicación individual, el Comité adoptó medidas provisionales vinculadas con el ejercicio de sus derechos políticos. En particular, el 17 de agosto de 2018 solicitó a Brasil que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar a Lula, mientras permaneciera privado de libertad, el disfrute y ejercicio de sus derechos políticos como candidato en las elecciones presidenciales de 2018, incluido el acceso a los medios de comunicación (y a los integrantes de su partido), y que no le impidiera presentarse a las elecciones hasta que concluyera el examen de las solicitudes de revisión de su condena mediante un procedimiento judicial imparcial y esta adquiriera firmeza.[21]
El Estado brasileño no dio cumplimiento a esa solicitud y Lula no pudo participar como candidato en las elecciones de 2018. En su dictamen de fondo el Comité examinó expresamente el cumplimiento de las medidas provisionales y concluyó que Brasil había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Protocolo Facultativo. En la misma línea, el Comité constató violaciones a diversos derechos reconocidos en el Pacto, entre ellos los previstos en el artículo 25.[22]
La comparación resulta esencial para el caso argentino, dado que la defensa de Fernández de Kirchner también ha solicitado una medida provisional vinculada con el ejercicio de sus derechos políticos y, en particular, con la posibilidad de participar en futuros procesos electorales. En consecuencia, el antecedente Lula demuestra que el Comité de Derechos Humanos ha considerado procedente adoptar medidas provisionales destinadas a preservar la participación electoral de una persona mientras se encontraba pendiente el examen de su comunicación individual. Si bien Brasil no dio cumplimiento a la medida solicitada por el Comité y las circunstancias de ambos casos no son idénticas, el dictado de la misma constituye un antecedente jurídico trascendente para la estrategia adoptada por la defensa argentina, ya que permite considerar que la preservación de la posibilidad de participar en elecciones puede formar parte de la protección de los derechos políticos dentro del procedimiento ante el órgano.
Conclusión
La presentación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos constituye una estrategia jurídica orientada a obtener el examen de la situación planteada a la luz del PIDCP. La elección de este foro adquiere notabilidad por la posibilidad de someter ante el Comité las alegaciones relativas a las garantías judiciales, derechos políticos, y a la solicitud de medidas provisionales para preservarlos.
El antecedente Lula da Silva demuestra que el Comité puede intervenir, mediante medidas provisionales, frente a situaciones que comprometen el ejercicio de derechos políticos durante la tramitación de una comunicación individual. Sin embargo, sus efectos deben distinguirse de los producidos por una decisión de tribunales nacionales. Ante un posible pronunciamiento favorable en el caso de Fernández de Kirchner, esto podría generar consecuencias jurídicas considerables y comprometer una respuesta estatal, aunque su alcance dependerá de la naturaleza de la decisión, de las medidas que pudiera disponer el Comité y de su futura implementación en el ámbito interno.
Esto adquiere trascendencia para el caso de Cristina Fernández de Kirchner, dado que el PIDCP posee jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Debido a esto, el Estado argentino se encuentra obligado a respetar y garantizar los derechos reconocidos en el instrumento y a actuar de conformidad con sus obligaciones internacionales. Un incumplimiento no agotaría sus efectos en el plano interno, sino que podría proyectarse también en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado.
La elección del foro constituye una herramienta jurídica con potencial para proyectar internacionalmente la controversia. Su importancia no reside sólo en la posibilidad de obtener un pronunciamiento del Comité, sino también en que el mismo se inserta en un marco convencional que vincula a la Argentina y cuyo incumplimiento puede generar consecuencias en el plano internacional. En ese sentido, la estrategia adoptada por la defensa puede resultar determinante sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, aunque sus resultados dependen de la decisión que adopte el Comité y la respuesta que posteriormente adopte el Estado argentino.
[1] Corte Suprema de Justicia de la Nación, CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85, “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ incidente de recurso extraordinario”, del 10 de junio de 2025, p. 26.
[2] Fernández de Kirchner, Cristina, “Presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, YouTube, 29 de julio de 2026, minuto 07:38.
[3] Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, art. 1.
[4] Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 5.2.b.
[5] Ley 23.313, sancionada el 17 de abril de 1986, que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Primer Protocolo Facultativo.
[6] Constitución de la Nación Argentina, art. 75, inc. 22.
[7] Comité de Derechos Humanos, Comunicación Nº 2841/2016, “Lula da Silva c. Brasil”, dictamen aprobado el 17 de marzo de 2022.
[8] Fernández de Kirchner, Cristina, “Presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, YouTube, 29 de julio de 2026, minuto 14:20.
[9] Fernández de Kirchner, Cristina, “Presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, YouTube, 29 de julio de 2026, minuto 31:40.
[10] Fernández de Kirchner, Cristina, “Presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, YouTube, 29 de julio de 2026, minuto 25:33.
[11] Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 1 y 5.
[12] Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969, arts. 44 y 46.
[13] Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 44, 46, 48, 50, 51 y 61.
[14] Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 33, “Obligaciones de los Estados partes con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, 25 de junio de 2009 , párrs. 11-15.
[15] Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 62 y 68.1.
[16] Hennebel, Ludovic y Tigroudja, Hélène, The American Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford University Press, 2022, comentario al art. 68, pp. 1404-1412.
[17] Comité de Derechos Humanos, “Directrices sobre las medidas de reparación otorgadas en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ”, CCPR/C/158, 30 de noviembre de 2016, párrs. 1-4.
[18] Comité de Derechos Humanos, Comunicación Nº 2841/2016, “Luiz Inácio Lula da Silva c. Brasil”, CCPR/C/134/D/2841/2016, dictamen aprobado el 17 de marzo de 2022, párrs. 7.1-7.8 y 8.1-8.10.
[19] Comité de Derechos Humanos, Comunicación Nº 2841/2016, “Luiz Inácio Lula da Silva c. Brasil”, CCPR/C/134/D/2841/2016, dictamen aprobado el 17 de marzo de 2022, párrs. 9.1-9.2.
[20] Supremo Tribunal Federal de Brasil, Plenario, HC 193.726, “Luiz Inácio Lula da Silva”, del 15 de abril de 2021.
[21] Comité de Derechos Humanos, Comunicación Nº 2841/2016, “Luiz Inácio Lula da Silva c. Brasil”, CCPR/C/134/D/2841/2016 (Initial proceedings), dictamen aprobado el 17 de marzo de 2022, párr. 1.4.
[22] Comité de Derechos Humanos, Comunicación Nº 2841/2016, “Luiz Inácio Lula da Silva c. Brasil”, CCPR/C/134/D/2841/2016 (Final proceedings), dictamen aprobado el 17 de marzo de 2022, párrs. 8.1-8.10 y 9.
(*) Abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y maestranda en Relaciones Internacionales por la Facultad de Derecho de la UBA. Actualmente cursa la Especialización en Derecho Nuclear en la misma institución. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la UBA, en el área de Derecho Internacional Público. Sus áreas de interés comprenden el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y las Relaciones Internacionales.
