
20 Nov REFORMA ELECTORAL: CUANDO LA NECESIDAD ACELERA EL RELOJ
Desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza, el oficialismo impulsó distintas iniciativas para modificar las reglas electorales. Lejos de responder a una estrategia institucional uniforme, los sucesivos intentos estuvieron atravesados por las especulaciones políticas y las expectativas electorales que arrojaban las encuestas en cada momento.
- 2023 – Ley Bases y circunscripciones uninominales. En la presentación de la Ley Bases, el Gobierno intentó incorporar un sistema de circunscripciones uninominales para la elección de diputados nacionales, similar al utilizado en Estados Unidos. La propuesta implicaba dividir el territorio en tantos distritos electorales como bancas de diputados correspondieran elegir, de modo que cada circunscripción eligiera un único representante.
- 2024 – Boleta Única de Papel y Ficha Limpia. En el marco de las negociaciones con los gobernadores, el oficialismo promovió la implementación de la Boleta Única de Papel sin incluir un casillero para votar la lista completa. Esta modificación permitía a los electorados provinciales separar su voto de la categoría presidencial, favoreciendo las posibilidades de los oficialismos locales. Ese mismo año comenzó a debatirse el proyecto de Ficha Limpia, que establecía restricciones para la postulación a cargos nacionales de personas condenadas por determinados delitos mediante sentencia confirmada en dos instancias. Sin embargo, ante la incertidumbre sobre el impacto político de su aprobación y la posibilidad de que la medida terminara perjudicando al propio oficialismo, el gobierno dilató su tratamiento y terminó articulando acuerdos con otros espacios para impedir su sanción.
- 2025 – Suspensión de las PASO. En febrero, con el calendario electoral ya en marcha, el Congreso aprobó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque exclusivamente para las elecciones legislativas de ese año. Se trató de una modificación transitoria que permitió al oficialismo avanzar sobre uno de los principales instrumentos de organización de la competencia electoral.
- 2026 – Una reforma electoral integral. Luego de un resultado electoral favorable y de haber consolidado la presencia territorial de La Libertad Avanza en las 24 jurisdicciones del país, el Gobierno presentó una reforma electoral de alcance más amplio. En su versión original, el proyecto proponía elevar los requisitos para la creación y el sostenimiento de partidos políticos, eliminar definitivamente las PASO, modificar el régimen de financiamiento privado de las campañas, suprimir la publicidad electoral gratuita y el debate presidencial obligatorio e incorporar, esta vez con un escenario judicial diferente, el régimen de Ficha Limpia.
Ahora bien, el oficialismo parece haber cambiado nuevamente sus prioridades y decidió acelerar los tiempos legislativos con una propuesta específica para las elecciones de 2027. En lugar de avanzar con una reforma “integral”, busca establecer un régimen electoral excepcional y de aplicación por única vez para ese año, que contemple la suspensión de las PASO y la implementación de un sistema de listas colectoras para las categorías legislativas. Bajo este esquema, cada candidato presidencial podría contar con hasta dos listas legislativas vinculadas a su candidatura.
La modificación no parece casual. Responde a una especulación electoral concreta en la cual el Gobierno apuesta a consolidar una candidatura presidencial propia para la reelección, mientras considera que los espacios opositores tendrán dificultades para confluir en una única fórmula.
En ese escenario, con el sistema de colectoras especulan que le permitiría ampliar su base de apoyos y sumar adhesiones de sectores políticos que podrían acompañar al candidato presidencial oficialista sin necesariamente integrarse a una única lista legislativa. En este contexto y con el reloj en contra, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado firmó dictamen sobre el proyecto del Poder Ejecutivo y, una vez más, volvió a cambiar.
Entre sus principales disposiciones se encuentran la suspensión de las PASO para 2027, la incorporación de Ficha Limpia, modificaciones al régimen de publicidad y financiamiento electoral, la eliminación de la veda electoral y cambios en el mecanismo de elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), que dejarían de elegirse mediante el voto directo.
El oficialismo pretende obtener la media sanción del proyecto en la sesión prevista para el jueves 26 de noviembre.
La secuencia deja en evidencia una constante: las reglas electorales que el Gobierno propone modificar parecen acompañar, en cada momento, las necesidades y conveniencias de su propia estrategia política a corto plazo.
Con el reloj en contra
El momento no es casual. Las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre del 2026 y 2027 es año de elección presidencial. Si las PASO se mantuvieran, el cronograma electoral empezaría a correr en pocos meses, y los partidos necesitan saber ya con qué reglas van a jugar. O se vota ahora, o se va a extraordinarias con el temario que fije el gobierno.
Para la aprobación del proyecto legislativo hay un dato que no es menor: por tratarse de una ley que modifica el régimen electoral y de partidos políticos, el artículo 77 de la Constitución exige una mayoría agravada, exigiendo el voto de la mitad más uno del total de los miembros de cada Cámara, es decir, 37 votos afirmativos en el Senado y 129 en Diputados sin importar cuantos estén presentes.
Como si esto fuera poco, el contexto electoral es aún más complejo porque la figura más convocante de la oposición, dos veces Presidenta de la Argentina, se encuentra imposibilitada de participar por la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella. La inhabilitación es discutida porque la condena fue señalada como arbitraria por amplios y reconocidos sectores de la doctrina y del ámbito jurídico nacional e internacional los cuales también cuestionan su apego a derecho.
¿Qué cambia?
- Las PASO. Hoy las candidaturas nacionales salen de las primarias abiertas en la cuales los partidos políticos se presentan obligatoriamente a elecciones abiertas para toda la ciudadanía y ellos con su voto, dirimen su discusión interna. El dictamen suspende las PASO para 2027 y devuelve la selección de candidatos a las cartas orgánicas y a los reglamentos de las alianzas.
A cambio, para presentar listas, cada partido va a tener que juntar avales ciudadanos (tantos como afiliados le exige la ley para la personería definitiva) a través de una plataforma digital de la Cámara Nacional Electoral. Para la fórmula presidencial, ese número se multiplica por cinco distritos.
- Las colectoras. En un nuevo toma y daca, se retira esta propuesta. En su defensa del retiro, Patricia Bullrich presentó este retiro como “un ciudadano, un voto”, en esta lógica ¿Qué hubiera significado lo contrario?
- Ficha Limpia. Se modifica el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, no pudiendo ser candidato quien tenga una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección. Además, se crea un Registro Público en la CNE y extiende la inhabilitación para ocupar cargos de ministro, secretario, y casi cualquier cargo en la Administración Pública. A diferencia de otras exclusiones de candidaturas que hemos visto por vía judicial, acá la causal está escrita en la ley, con un umbral y una fecha de corte.
- Publicidad electoral. Se modifican dos puntos que alteran considerablemente la situación, el financiamiento de espacios publicitarios por parte del Estado y el límite máximo para la publicidad de campaña.
La cesión obligatoria de espacio en radio y televisión se reduce a la mitad, reduciéndose del 5% al 2,5% del tiempo de programación. Lo que se pierde es la mitad que hoy funciona como pago a cuenta de impuestos, o sea, la parte que pagaba el Estado. Pero el cambio más fuerte pasa casi desapercibido: el nuevo artículo 64 ter saca la publicidad paga de los plazos de campaña. Hoy no se puede pautar en TV y radio antes de los 35 días previos al comicio, ni en gráfica, vía pública o internet fuera de la campaña.
Con el texto nuevo, se abona la lógica de campaña permanente que promueve el gobierno, habilitando el financiamiento privado de espacios publicitarios y ampliando los plazos de propaganda política sin límites.
- Debate presidencial. Se derogan los artículos 64 (6) a 64 (12). Deja de ser obligatorio y desaparece la sanción para el candidato que falta, que hoy pierde su espacio de publicidad. Queda solamente la posibilidad de que la CNE organice uno en el balotaje.
- Parlasur. Hasta que se fije el “Día del MERCOSUR Ciudadano”, ya no se vota. Los 19 lugares nacionales los cubre el Congreso (12 diputados y 7 senadores) y los 24 regionales, las legislaturas provinciales, sin cobrar un sueldo aparte. Un detalle de redacción: el texto habla de “Poderes Legislativos Provinciales” y no dice quién cubre la vacante que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Boleta Única Papel. La Ley 27.781 había dejado las categorías provinciales y municipales afuera de la BUP, con boletas y urnas separadas cuando las elecciones coinciden. El dictamen permite incorporarlas en la misma boleta, que oficializa el juez federal con competencia electoral e incorpora el casillero de Boleta Completa para seleccionar con una sola cruz a todas las categorías.
- Veda. Se derogan los incisos b) y c) del artículo 71: los espectáculos públicos y la venta de alcohol el día de la elección. Se anunció como el “fin de la veda”, pero la prohibición de hacer actos proselitistas y de difundir encuestas desde 48 horas antes (inciso e) sigue en el texto. Lo que sí cambia es lo que se dijo antes sobre la publicidad: si ya no se rige por los plazos del 64 bis, nada impide en la letra que haya avisos durante esas 48 horas.
¿A quién le sirve?
Sin PASO, las candidaturas se definen puertas adentro, según las cartas orgánicas y los reglamentos de cada alianza. Fernández Castex, Scherlis y Tchintian (2025) recuerdan que las primarias le dan a los frentes un mecanismo previsible y confiable para dirimir candidaturas, que es justamente el punto más sensible para que una coalición no se rompa. Y marcan un patrón que se repite: las propuestas para derogar o suspender las PASO casi siempre vienen del partido que gobierna. Los oficialismos se conducen desde el vértice del poder; las oposiciones, en cambio, son las que necesitan las primarias para armar coaliciones amplias. Pasó con Cambiemos en 2019, con el Frente de Todos en 2021 y 2022, y pasa ahora con La Libertad Avanza, que ya las había suspendido para 2025 con la Ley 27.783.
Si a eso le sumamos la prohibición de colectoras para todos, el incentivo es uno solo: alinearse temprano o quedar afuera. El problema es que la alternativa a la interna abierta es el acuerdo de cúpula, y esas “alianzas por arriba” vienen perdiendo peso frente a un electorado que cada vez les presta menos atención (Serrano Mancilla, 2023). En una oposición que todavía no resolvió quién la conduce eso pesa doble.
Vale aclarar que las PASO tampoco cumplieron todo lo que prometían. Desde 2011, solo el 9% de las primarias a diputados fueron competitivas, es decir, con menos de 15 puntos entre las dos listas más votadas (Fernández Castex et al., 2025). Pero los mismos autores advierten que derogarlas sin ofrecer nada a cambio no resuelve ninguno de los problemas que motivaron su creación, y que se pierde un mecanismo que operó como “un dique contra la fragmentación”. El dictamen no ofrece nada a cambio: simplemente las saca del medio para una elección.
Lo de la publicidad va en el mismo sentido. Menos espacio gratuito y pauta paga sin límite de tiempo es, en los hechos, una campaña que arranca cuando a cada uno le alcance la billetera. Las agrupaciones chicas y las que no tienen acceso a financiamiento privado son las que más pierden. Sacarle obligatoriedad al debate presidencial, por su parte, le resta al votante una de las pocas instancias en las que los candidatos tienen que exponer sus propuestas cara a cara.
Hay cosas para rescatar. Integrar las categorías locales en una sola boleta corrige un problema real de la BUP, y la discusión sobre qué hacer con un Parlasur que nunca terminó de funcionar era necesaria. Pero el núcleo del proyecto, lo que se vota con apuro, está en el capítulo transitorio. Una ley que se aplica a una sola elección, sancionada a meses de que empiece, cambia las reglas cuando los jugadores ya están en la cancha.
El jueves 26 se verá si el oficialismo consigue los 37 votos. Después quedará Diputados, donde los plazos de observación son más rígidos y el calendario se termina. Lo que está claro es que la reforma electoral dejó de ser un anuncio, y que la pregunta ya no es si va a haber cambios, sino quién va a llegar en mejores condiciones a 2027.
Pero el problema de fondo es que en menos de tres años las reglas electorales se tocaron una y otra vez: la Boleta Única, la suspensión de las PASO en 2025 y ahora esta reforma, que vuelve a suspenderlas. Un sistema que cambia en cada elección es un sistema en eterna prueba (o un sistema que se hace a medida de las necesidades del oficialismo de turno – recordar Gerrymandering-), y eso tiene un costo: la confianza. En un contexto regional y global donde hay sectores que gritan fraude ante la menor duda, cambiar las reglas a cada rato es contribuir a la desconfianza de la crisis de legitimidad democrática.
() Fernández Castex, Á. J., Scherlis, G. y Tchintian, C. (2025). Las PASO en Argentina: evaluación sobre su eficacia y propuestas para su fortalecimiento. Revista Argentina de Derecho Electoral, (14). https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/282577
() Serrano Mancilla, A. (14 de agosto de 2023). Apuntes sobre las PASO Argentina 2023. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). https://www.celag.org/apuntes-sobre-las-paso-argentina-2023/
(*) Abogado Administrativista (UBA), docente de Elementos del Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UBA.
(*) Abogado. Docente (UBA) en Elementos del Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. Integrante de la Comisión de Derecho Electoral CPACF.




