FRENTE A UN ESTADO MÍNIMO, UN FEMINISMO AMPLIO

De cara al 8 de marzo, el objetivo de esta nota es abordar los efectos de la crisis económica actual producto de las decisiones políticas del gobierno del presidente Javier Milei, puntualizando en las reformas jurídicas introducidas en diferentes normativas y en especial las que realiza el irregular Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 sobre los cuerpos feminizados. A modo de aclaración conceptual decidimos utilizar el término cuerpos feminizados siguiendo la categorización de Rita Segato^[1] la cual utiliza para señalar aquellos cuerpos y subjetividades que no se corresponden con la figura masculina cis heterosexual.

A solamente tres meses de la llegada de la ultraderecha al Poder Ejecutivo con los Milei, Macri, Caputo y Sturzenegger a la cabeza, la calidad de vida de les argentines se ve brutalmente degradada. Es que estamos atravesando la caída del ingreso más drástica de las últimas décadas lo cual se debe a la velocidad y la magnitud de la licuación del poder adquisitivo en los ingresos de las familias. Es en este cuadro que la Argentina ya suma cuatro millones de pobres nuevos, un aumento del 25,5% de la inflación en diciembre y del 19,6%  en enero^[2] sin una recomposición salarial que compense estos incrementos en el costo de vida. Semana a semana se vuelve más difícil llenar el changuito, viajar en el transporte público, y afrontar los gastos de la vida diaria en general. Este duro contexto en el que vive la enorme mayoría de la sociedad argentina es producto, a pesar de lo se intenta instalar desde el gobierno, de las diferentes medidas tomadas desde el diez de diciembre cuando la nueva administración asumió en el poder ejecutivo.

Finalmente, llegó Marzo: vuelven las clases en todos los niveles educativos, el ritmo laboral se normaliza, y en este inicio de mes, las feministas, como siempre, no miramos para el costado y nos involucramos.

Es evidente y demostrable empíricamente que las crisis económicas y sociales se descargan con más peso sobre las mujeres y disidencias. En Argentina, el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina) indicó en su último informe que la tasa de actividad laboral de las mujeres actualmente es del 52,3%, mientras que la de los hombres es del 70,7%. Además, se estima que debido a la desaceleración de la economía la caída en la participación en el mercado laboral, entre 2023 y 2025, será de 0,7 puntos para las mujeres y sólo 0,1 para los hombres.^[3]

En simultáneo, el gobierno profundiza la “batalla cultural” contra el feminismo, buscando allí mantener consolidado su núcleo duro de seguidores, aquel que lo eligió tres veces en cada acto electoral el año pasado. No es coincidencia que el mismo esté compuesto mayoritariamente por varones jóvenes que ven negativamente al movimiento feminista y que a su vez pretenden instalar la idea de que este  distorsiona la percepción de la estructura social, altera el mercado con la aplicación de las políticas de igualdad de género, y  es responsable de la decadencia actual junto con el resto de los movimientos populares que promueven y se organizan en pos de la igualdad de oportunidades y la justicia social.

El gobierno de ultraderecha de Javier Milei tiene como blanco a las minorías sociales, principalmente aquellas compuestas por mujeres y disidencias, con el objetivo de reducir los avances en materias de derechos. Empezando por la eliminación de las instituciones que buscaban representar y tratar las problemáticas de estos sectores. Pasando por la modificación de términos jurídicos que daban entidad y dejaban asentada la existencia de las violencias y desigualdades estructurales que afectan a estos colectivos, y terminando en la expulsión de la economía formal. Todo esto decanta en reproducir simbólica y socialmente los estereotipos de género que redunda en dejar a los cuerpos feminizados, sistemáticamente, en un lugar de mayor vulneración económica y social.

Entre una de las principales decisiones que ha tomado el poder ejecutivo se destaca el DNU 70/23, dictado el pasado veinte de diciembre y en vigencia desde el veintinueve del mismo mes, que más allá de su rimbombante título,“Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, ha dejado mucho que desear en materia de fondo y forma. Desde las irregularidades en su procedimiento de redacción y tramitación, hasta el tipo y la cantidad de materias que modifica, viéndose como una verdadera reforma constitucional de hecho. Además, se ven notablemente los perjuicios que provoca en la defensa de intereses y soberanía nacional, y particularmente en la protección de grupos sociales vulnerados.

Esto se vio representado en las modificaciones que este plantea^[4] en materia de legislación relacionado a la igualdad de género. En lo referente a las licencias por maternidad, el DNU modifica la forma en que pueden implementarse: si bien mantiene los noventa días en total, el mismo permite reducir la licencia anterior al parto, de treinta días obligatorios, por la normativa hasta entonces vigente, a diez días con la modificación de la misma. En cuanto a la indemnización por despido por causal de embarazo, sustituye el artículo 177 de la Ley de Contratos de Trabajo modificando las condiciones de la licencia de personas gestantes: el artículo 193 no aparece en la nueva versión, eliminando de esta forma la indemnización duplicada (doble indemnización).

Por otra parte, en la ley Nro 27.499 “Ley Micaela”, se sustituye la expresión “Violencia de Género” por “Violencia Intrafamiliar”, ya que se reemplaza la categoría “temática de género y violencia contra las mujeres” por “temática violencia familiar y contra la mujer” dejando de lado a otras identidades, colectivos, y diversidades, además ignorando que la violencia de género excede al ámbito doméstico. Modifica, además, el eje central de la normativa la cual obliga a la capacitación en perspectiva de género a los tres poderes del Estado en cumplimiento de las convenciones internacionales que el mismo suscribe. Con la nueva redacción propone que solo se aplique a “personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

comparación de la Ley 27.499 y su reforma

Queda claro que el objetivo con estas reformas es el de eliminar las políticas de Estado tendientes a sanear las desigualdades y violencias sistémicas que padecen las mujeres y disidencias. Pero además, queremos dejar constancia que el mayor perjuicio de la vida de estos colectivos es el provocado por la crisis económica argentina, agravada por las políticas de desregulación económica y cuyo origen se encuentra en el acuerdo vigente entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, como señalamos párrafos anteriores por lo demostrado con los datos recolectados por el INDEC. Si bien el FMI reconoce la existencia de los trabajos domésticos no remunerados, el organismo los califica como un mero obstáculo para el crecimiento económico, ordenando tomar medidas homogéneas que son aplicadas en grupos altamente heterogéneos no considerando las diferencias de las violencias y desigualdades que se superponen y entrelazan. Al ojo entrenado, queda desnuda la imperante necesidad de este organismo multilateral de crédito que hace las veces de controlador fiscal de hacer coincidir esta falsa perspectiva de género con su plan de directivas a los Estados de políticas de austeridad.  Es evidente que, a pesar de lo que el mismo organismo afirma que su función es la de ayudar y promover el desarrollo de los países semi o subdesarrollados, el FMI solo busca que los países contraigan deuda para poder así imponerles su plan económico, el cual los condena a la pérdida de su soberanía económica y mediante la imposición de los objetivos de equilibrio y austeridad fiscal los lleva a inevitables crisis económicas por caída de la actividad productiva, aumento del desempleo y la pobreza, caída de los ingresos y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. La finalidad última de este plan es la cercenación de la posibilidad de desarrollo estructural de los países periféricos para que queden sometidos a un lugar de subyugación en la división internacional de la producción y el trabajo.

Si bien la crisis económica degrada el nivel de vida de toda la población argentina, a excepción de las minorías privilegiadas del poder económico concentrado y extranjerizado, es un dato de la realidad que el empobrecimiento afecta de forma más profunda en las mujeres y disidencias. Para ello es necesario considerar que principalmente los cuerpos feminizados nos vemos sumergidos en dos clases de trabajo a la vez, el remunerado y el no remunerado. Este último universo engloba las tareas de cuidado y los trabajos socio comunitarios, los cuales son llevados, en su abrumadora mayoría, por los grupos previamente señalados. Así, las mujeres dedican diez horas por día a las tareas de cuidado sin remuneración, mientras que los hombres solo tres por día.  A su vez, es casi imposible el acceso a un trabajo formal de ocho horas por la poca disponibilidad horaria que tienen por lo que terminan recurriendo a trabajos pagos por hora, cayendo inevitablemente en la precarización laboral -claro ejemplo del porqué la mayoría de empleadas domésticas son mujeres-. Debido a esta altísima diferencia, el 44% de las madres se encuentran endeudadas y afrontan un 37% de brecha salarial. A todo esto se le suma estigma social que en caso de querer reclamar sus derechos a un ingreso salarial equitativo, al cumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los padres, a la redistribución en tareas domésticas o simplemente a un trato igualitario y más justo, se las retrata de “histéricas”, “molestas” o “locas”, ya que se aleja del estereotipo en que la sociedad quiere encasillarlas, de esposa sumisa, de mera compañera y que no reclama.

Quienes nos encontramos redactando esta nota, y todes les compañeres del campo feminista y popular, no sólo disentimos fuertemente con la noción de que la implementación de políticas con perspectiva de género son innecesarias o nocivas para el desarrollo económico, si no que también tenemos la certeza de su falsedad. Diseñar e implementar un proyecto de gobierno que sepa respetar e incluir a los cuerpos feminizados, además de a las grandes mayorías populares, dando adecuada respuesta a sus necesidades debería estar en la lista de propiedades de cualquier y toda administración que pretenda gobernar a un pueblo. Sin embargo, nos vemos una vez más siendo utilizades como peones en el ajedrez de la vil política neoliberal, la carne de cañón para frente al desmedido ajuste, y el señuelo para la distracción al recorte de políticas públicas. Resulta casi un cliché por parte de los gobiernos reaccionarios segmentar a la sociedad y convertir a un grupo minoritario en el chivo expiatorio de todos sus males, no sólo de los conflictos emanados por las decisiones políticas que implementa su gabinete sino también de todos los problemas que acechan al conjunto de la sociedad. La historia ya nos ha demostrado en lo que puede devenir si se elige continuar por este camino, es por ello que resulta menester cuestionar este nuevo sentido común que se ha propagado por nuestra nación, inundando cada recoveco de ella logrando que todo se ahogue en odio y violencia.

Nos encontramos en la responsabilidad histórica de continuar haciéndole frente a esta batalla cultural, la unión y la justicia social continúan siendo valores ampliamente compartidos en el pueblo argentino, la memoria de las conquistas sociales obtenidas durante gestiones que gobernaron por y para el pueblo yace en cada une de les argentines, y la posibilidad de ir a por más, continuando y profundizando el camino emprendido por generaciones no tan lejanas, sigue constituyendo una posibilidad real. Si bien desde la administración del poder ejecutivo se informó que a las personas que concurran a los actos y eventos el 8 de Marzo en su horario laboral se les será descontado el día, si hay algo que ha demostrado el movimiento de mujeres y disidencias en el campo nacional los últimos años es que no estamos dispuestes a que nos arrebaten todo aquello que ya hemos conquistado, y que organización no nos falta. Debemos reflexionar sobre el verdadero rol y significado de las luchas colectivas que han conseguido conquistar tantos derechos (como aquella marea verde que ha logrado la sanción del aborto legal, seguro y gratuito) y actuar nuevamente en conjunto les mujeres y  disidencias, compañeres gremialistas, compañeres de los barrios populares, compañeres trabajadores de organismos e instituciones estatales que somos un actor clave en todas las luchas populares que se dan en el escenario local. Siguiendo el ejemplo de lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que nos han enseñado que la democracia no es sólo un procedimiento electoral sino que debe ser comprendida como la profundización de la conquista de derechos y la calidad de vida de toda la población, particularmente de los cuerpos feminizados, luchando en pos de una patria justa, libre y soberana que nos incluya a todes, es de vital importancia si deseamos desentrañar el nudo gordiano de esta nueva cosmovisión libertaria e individualista que anhela la destrucción de lo comunitario.

^[1] Antropóloga y feminista argentina

^[2] Instituto Nacional de Estadística y Censos (2024). Índice de precios al consumidor, República Argentina

^[3] Bordigoni, A. (13/01/2024).“Participación en el mercado laboral en 2024: la caída será mayor para las mujeres”, Perfil  

^[4] Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (2023).“Primer análisis con perspectiva de género sobre la Ley Ómnibus y el DNU enviados por el presidente Javier Mieli”, República Argentina    

(*) Estudiantes Derecho UBA