LOS SUPREMOS EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS. PARTE III

Introducción

El proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN) comenzó a desarrollarse en enero de 2023. En el primer informe de la sección “Los supremos en el banquillo de los acusados” se realizó una introducción del tema, respondiendo algunas interrogantes como: qué es un juicio político, cómo se inicia y en qué estado se encuentra el procedimiento^[1]. En el segundo, se expuso y explicó cada una de las causas que promueven las acusaciones por mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, a fin de colaborar en democratizar y abonar a la discusión pública en torno al funcionamiento del máximo tribunal de justicia de nuestro país^[2]. El presente busca sintetizar lo ocurrido en las audiencias sucedidas hasta el momento, en base a las versiones taquigráficas de público acceso de cada reunión^[3].

 

Audiencia N° 1, 2 y 3 (26 de enero, 2 y 9 de febrero): inicio del debate, declaración de admisibilidad de los expedientes y apertura del sumario de investigación.

El 26 de enero de 2023, la Comisión de Juicio Político dio inicio al debate de los proyectos que acusan a los miembros de la CSJN presentados por legisladores/as de distintos bloques parlamentarios, así como también de organizaciones de la sociedad civil.

La titular de la Comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó que en el desarrollo de las siguientes reuniones se procederá al análisis de los distintos expedientes, se recibirá a las/os autoras/es de los proyectos y analizará el informe de admisibilidad con el fin de evaluar si hay sustento o no para abrir la etapa sumaria.

Desde la Coalición Cívica (CC), el vicepresidente primero de la Comisión, Juan Manuel López, propuso invitar a juristas y representantes de la sociedad civil para analizar dicha admisibilidad. Asimismo, expresó “queremos separación de poderes y vamos a defender la independencia del Poder Judicial”.

El presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, aseguró que “estamos ante una situación de gravedad institucional extrema”.

Desde el PTS, Myriam Bregman aseveró que “hay grandes motivos para cuestionar esta CSJN”, aunque se refirió al dilema de saber “cuando el pedido de juicio político es un ataque a las instituciones o cuándo es un acto de justicia”.

En otro sentido, la diputada Sabrina Ajmechet (PRO) manifestó que “están atacando a la Constitución Nacional, a la Justicia y a la división de poderes”, al tiempo que su par Fabio Quetglas (UCR) se refirió a la necesidad de “mejorar la calidad de la Justicia”, aunque consideró “éste no es el medio idóneo para mejorarla”.

En la segunda reunión, legisladores/as oficialistas y opositores/as, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados/as ratificaron sus denuncias contra los miembros de la CSJN.

Finalmente, el 9 de febrero, la Comisión se expidió sobre la admisibilidad de los catorce expedientes presentados contra ellos y resolvió la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostendrán las acusaciones formuladas.

Audiencia N° 4 (16 de febrero): aprobación del cronograma para la citación de testigos.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dio inicio a la apertura del sumario para acumular pruebas que sustenten las acusaciones. Asimismo, aprobó un cronograma para la citación de testigos y comenzó a librar los oficios para la recolección de las distintas pruebas solicitadas.

La diputada Gaillard explicó que «los testigos están obligados a comparecer (…) diciendo la verdad y si no comparecen en una segunda convocatoria, pueden ser buscados por la fuerza de seguridad».

A su vez, aclaró que «los jueces y los funcionarios judiciales están obligados a comparecer oralmente», mientras que “el presidente, la vicepresidenta y los gobernadores (…) pueden optar por realizarlo por escrito”.

Pablo Tonelli (diputado del PRO) planteó su oposición respecto a “cualquier prueba que tenga que ver con averiguación de llamadas, de números telefónicos, de comunicaciones, de mails y de todo lo que se le parezca” por considerar que la Comisión no tiene atribuciones ni facultades para requerirlas. A su vez, dejó asentado que “si el oficialismo impusiera su mayoría para producir esa prueba” debería “hacerse a través de un juez quien en todo caso deberá velar por el cumplimiento de las correspondientes garantías de los afectados”.

Por otro lado, se polemizó respecto de las citaciones de Silvio Robles, colaborador del presidente de la CSJN, y de Marcelo D´Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Tonelli las rechazó por entender que ambos tienen en curso una investigación en la justicia penal y no podrían declarar. Ello en tanto el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que nadie puede ser obligado a declarar contra sí. En cambio, Taihade (FdT) señaló que sean ellos “quienes digan, eventualmente, que no quieren declarar, que no pueden, que su abogado se los indica o que están imputados”.

Audiencia N° 5 (23 de febrero): declaración de los jueces federales Ramos y Ramos Padilla.

En la quinta reunión, tuvo lugar la primera de las audiencias testimoniales. Los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata) fueron convocados a declarar en razón de una suerte de “choque de sentencias”.

La causa en la que sentenció Sebastián Ramos es la caratulada “Robles Silvio Federico s/ averiguación de delito denunciante Marano” y la denuncia en la que intervino Ramos Padilla, “D’ Alessandro, Marcelo y otros sobre abuso de autoridad”.

Las resoluciones de estos se vinculan a la filtración de conversaciones por chat entre Silvio Robles, vocero de Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (en uso de licencia), en las que se referían a dos cuestiones en trámite en la CSJN: el caso de la coparticipación que reclamaba el gobierno porteño y la disputa por el Consejo de la Magistratura.

En este punto, es dable recordar que Ramos fue quien archivó la causa desde los tribunales federales de Comodoro Py, a instancias del fiscal Stornelli, bajo el argumento de que “no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

Por su lado, Ramos Padilla pidió que se investigue la denuncia que había hecho Axel Kicillof ante el fuero federal platense por mencionados chats y expuso que no hay “elementos de prueba serios que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D’Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal”.

Sebastián Ramos dijo que no iba a hacer declaraciones “ni a mover ni una palabra la resolución escrita en la causa ni aclarar ni sumar ningún detalle puntualmente”. Ello, por entender que no solo se perjudicaría a él sino también a las partes que están constituidas en el proceso. Explicó que el dictado del archivo del expediente en cuestión fue una medida urgente. Asimismo, aclaró que para hacerlo “había elementos suficientes que permiten y habilitan la feria judicial” porque “la denuncia a la que hace referencia el inicio de esta causa finaliza con el pedido de recolección de una prueba urgente, que es el secuestro de un teléfono”.Por último, negó tener algún tipo de relación y conocimiento con Robles y D’Alessandro.

Luego, Ramos Padilla advirtió que «si lo que van a discutir acá tiene que ver con la utilización o no de escuchas en un proceso de juicio político, en mi caso lo hicieron durante tres años mientras llevaba expedientes de altísima relevancia”. Expuso que “lo que se ve en Comodoro Py últimamente es una cadena de favores donde unos tapan los problemas de los otros”. Finalizó su declaración diciendo que “si de una vez por todas no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial, a este manejo de las escuchas, a estos abusos de autoridades, vamos a tener una República donde se van a perder los derechos individuales”.

Luego, prestaron testimonio Cristian Abrita, ex titular de la Secretaria Judicial N° 5, Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración, Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, Secretaria Judicial N° 2 Previsional, Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios, Roberto Saggese y Adriana Valinotti, de la vocalía del magistrado Rosatti.

Por último, German Martinez (FdT) solicitó citar como testigos al fiscal Carlos Stornelli y a la fiscala María Laura Roteta.

Audiencia N° 6 (7 de marzo): se volvió a citar al fiscal Carlos Stornelli. Declaración de Mario Cimadevilla, ex titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a AMIA y ex senador radical.

Gaillard anunció que el órgano volverá a citar al fiscal Stornelli y advirtió que «si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública». El fiscal había pedido declarar por escrito, haciendo uso de un artículo de la Ley de Ministerio Público. Sin embargo, dicho argumento es inoponible porque la ley habla de la posibilidad de declarar por escrito cuando se trata ante tribunales y, toda vez que la Comisión no es un tribunal, no procede dicha excepción.

Respecto a Roteta, la fiscala envió una nota solicitando que se reprograme la audiencia teniendo en cuenta que tenía programado un viaje por un congreso y que iba a hacer uso de su licencia.

Por otro lado, se aprobó remitir a la Justicia la exposición ante la comisión del juez Sebastián Ramos por presunto falso testimonio y la incorporación como testigos de los abogados Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima, a propuesta del FdT.

Por otra parte, expuso el ex titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a AMIA y ex senador radical, Mario Cimadevilla. Declaró que hubo una “eliminación de todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura” y que, a su juicio, “hoy no hay en el Consejo de la Magistratura el equilibrio que ha proclamado la Constitución en su momento (…) porque hay un estamento que con sus votos y su participación, a través de la reglamentación legal y de los regímenes de las comisiones, dependen todas las decisiones importantes del Consejo de la Magistratura”.

Al responder por qué había renunciado al cargo de la Unidad AMIA, explicó que era parte querellante en lo que se denominaba juicio de encubrimiento, donde se investigaba la conducta del exjuez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex titular de la DAIA, Ruben Beraja, y que “los abogados de la querella eran permanentemente hostigados por funcionarios del Ministerio de Justicia”. Manifestó que “en vez de ser una unidad de investigación era una unidad de encubrimiento lo que querían armar el presidente Macri y su ministro Garavano”.

También, declaró Gustavo Naveira de la Secretaria Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la CSJN. La presidenta de la Comisión le solicitó que indique si existen intercambios entre vocalías y secretarías por motivo de los expedientes que se encuentran tramitando. Naveira respondió que «a veces el vínculo es con algunos de sus letrados (del presidente del tribunal) o con el señor Silvio Robles y otras veces el propio Rosatti» y que tienen «un chat de la secretaría por WhatsApp para cuestiones vinculadas con el quehacer de la secretaría».

A su vez, Sergio Miguel Napoli de la Secretaría Judicial N° 4 en lo Contencioso Administrativo de la CSJN declaró que «es habitual que los colaboradores de los ministros transmitan las instrucciones de los ministros» al ser consultado sobre si Silvio Robles les había trasladado alguna directiva. Señaló que “instrucciones jurídicas no”. Por último, Tailhade le consultó si había intervenido de alguna manera en la causa “Coparticipación”, a lo que Napoli contestó que no porque ni siquiera es una causa que tramite por la Secretaría N° 4.

Audiencia N° 7 (14 de marzo): solicitud de medidas disciplinarias contra el fiscal federal Stornelli.

La presidenta de la Comisión anunció que le iba a solicitar al Procurador General interino, Eduardo Casal, que se tomen las «medidas disciplinarias correspondientes» contra Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario. Explicó que si accediera a enviar el pliego de preguntas, tal como lo solicitó el fiscal, estaría violando el Reglamento.

Asimismo, comunicó la ausencia del abogado Marcelo Mazzeo que “ha sido citado como testigo, con lo cual esta Comisión va a volver a notificarlo bajo apercibimiento de aplicar el artículo 247 y 154 del Código Procesal Penal respecto a los testigos y que comparezca por la fuerza pública”.

Declararon los secretarios de la CSJN Sebastián Alberto Garay (Secretaría de Juicio Originarios) y Guillermo Sebastián Garay (Vocalía de Rosatti), Natalia Hilda Monayer (Vocalía de Rosatti) y Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación).
Sebastián Alberto Garay dijo no haber participado de ninguna de las causas que son objeto de este juicio político y Guillermo Sebastián Garay, quien fue consultado acerca de una inundación en el despacho de Silvio Robles y Natalia Monayer, sostuvo que no le constaba que sus computadoras “hayan quedado fuera de servicio”. Además, Manuel Olima Espel en su declaración dijo «no recordar» si mantuvo una conversación por chat con D’Alessandro.

Por otro lado, Natalia Monayer fue consultada sobre si podía acceder a los expedientes internos y mencionó que integraba grupos de chats con los integrantes de la vocalía y que tiene acceso al sistema interno Lex 100. Respecto a la inundación dijo que “no se dañaron computadoras, ni expedientes judiciales”.

Por último, hubo una discusión entre los diputados Negri y Moreau. El primero de estos manifestó que “hay desesperación por conseguir a alguien que quiera decir algo de alguien, si es posible en contra de la Justicia, de la CSJN”. Mientras, Moreau dijo que “el sistema político argentino no debe ignorar que el Poder Judicial, no solo en las más altas jerarquías -la Corte- sino también en las cámaras y juzgados federales de primera instancia, tiene enquistada una mafia” e hizo alusión a que “ignorar la existencia de esa banda de Lago Escondido, y no impulsar en el ámbito del Consejo de la Magistratura (…) que se esclarezca este tipo de situaciones, es de una gravedad inusitada”.

Audiencia N° 8  (21 de marzo): testimonios en torno al fallo del 2×1.

Tuvieron lugar las declaraciones testimoniales previstas en el marco de la causa Muiña, que tiene que ver con el posible acuerdo o encubrimiento entre la CSJN y el gobierno de Mauricio Macri en relación con una política que cambió el paradigma que venía trayendo la CSJN. Gaillard (FdT) introdujo que “se trata de una nueva política para beneficiar a genocidas y represores que se ve cristalizada en el fallo Muiña, más conocido como el fallo del 2×1”.

La exenfermera Gladys Cuervo, sobreviviente del ex Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como “El Chalet”, brindó testimonio y dijo que “Muiña…integraba la patota paramilitar del centro de tortura y detención, denominada SWAT” y que “se paseaba impunemente por el hospital con armas largas, con botas, con uniformes de fajina, con fusiles al hombro”.

“Cuando yo estuve secuestrada…hicieron el submarino en una bañera, me picanearon, me golpearon, me ponían de pie en la salita de torturas, hacían una ronda y me pegaban como si yo fuese uno de esos muñecos que rebotan” relató y que, al escuchar la sentencia, sintió que le “rompían de nuevo el esternón y las costillas a golpes”. Asimismo, dijo que “el sistema judicial es corporativo” y que hay un partido que vino a continuar la obra del partido militar y que nadie ignora quienes son esos sucesores.

Sostuvo que se enteró que “el doctor Rosenkrantz había instruido a dos de su vocalía…para que eligieran un caso” y que “no le correspondía el “2 por 1” a Muiña; el “2 por 1” no era para los juicios de lesa humanidad, era por la sobrepoblación de las cárceles. Así que obviado eso, Morgenstern eligió a Muiña porque nadie lo conocía. Craso error: no era mediático, pero (…) los afectados por sus actuaciones, sí lo conocíamos”. Por último, mencionó que “siempre hubo espionaje en el Posadas. Desde el 76. Nunca se fueron del todo. Siempre hicieron distintas tareas de inteligencia”.

Zulema Chester, trabajadora del Hospital Posadas, hija de una víctima de Muiña, calificó el fallo como «una aberración jurídica». “Yo tengo sesenta años, a mi papá lo secuestraron cuando tenía doce, tengo hijos que doblan la edad que yo tenía en ese momento y seguimos buscando justicia” relató. Sostuvo tener conocimiento de que “durante el gobierno macrista hubo una oficina de la AFI que funcionó dentro del Hospital Posadas (…) que se instalaron cámaras en distintos pasillos del hospital, y … que, incluso, en este momento hay trabajadores declarando a partir de esas denuncias”.

Gaillard explicó que la importancia de los testimonios radica en saber “cuáles son los efectos o consecuencias negativas de un fallo que dictó la CSJN contraviniendo el ordenamiento jurídico internacional. Pero, aparte, cómo afectó a las personas que vivenciaron en carne propia esa tortura”.

Luego, la Comisión de Juicio Político continuó con las declaraciones testimoniales de Horacio Pedro Diez, Subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez de la CSJN Carlos Rosenkrantz.

Audiencia N° 9 (11 de abril): declaración de Estela de Carlotto.

Ese día se presentó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien fue citada por la Comisión para exponer ante los diputados sobre las consecuencias de la medida adoptada por la CSJN en 2017 en el fallo Muiña. Leyó un detalle de varias decisiones del Máximo Tribunal que afectaron a los organismos de derechos humanos y relató que «en mayo de 2020, el ministro Rosenkrantz convocó a una reunión. Desde Abuelas decidimos no asistir; tan cierta fue nuestra sospecha, que luego de esa reunión no hubo ninguna medida o acción concreta«.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo calificó el fallo mencionado como un «intento de golpe a la lucha de víctimas y familiares» y dijo que «desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton ya que el resultado que propugnaron en “Muiña”, además de la absurda aplicación de la Ley Nº 24.390, lo adscribieron al retraso en la tramitación de las causas, ya sea de los juicios en curso como de las instancias recursivas pendientes en todas las instancias judiciales de las cuales la propia CSJN es cúspide«.

Agregó que subestimaron al pueblo, el cual llenó la Plaza de Mayo, y a la reacción del Congreso de la Nación, que aprobó rápidamente la Ley Nº 27.632. Hizo referencia a la inactividad de la Comisión Interpoderes y a la demora en la tramitación de causas que ya tienen sentencia y esperan su confirmación en la CSJN, como fue el caso de Blaquier.

Marcelo Mazzeo, abogado porteño que aparece en los chats con Marcelo D’Alessandro y con Silvio Robles, vocero del actual presidente de la Corte, no se presentó.

Audiencia N° 10 (18 de abril): la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

En esta audiencia comenzó el tratamiento de la denuncia vinculada con la OSPJN, mediante la citación de sus exdirectivos, abogados/as, contadores/as y peritos/as. También se escucharon los testimonios de algunos de los damnificados por el mal funcionamiento del organismo.

La Comisión decidió volver a citar al exdirector, Aldo Tonón, quien pidió ser eximido por una causa judicial y porque su declaración podría vulnerar y violar la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. También, en este mismo sentido, se resolvió pedirles a los tribunales que obliguen a prestar testimonio al abogado Marcelo Mazzeo, quien se niega a declarar ante el organismo parlamentario, a pesar de la carga pública.

El diputado Tailhade pidió nuevos testimonios vinculados a las irregularidades de la OSPJN y documentación a la CSJN. Su pedido fue aprobado y se citaron a los auditores externos, a la Subsecretaria Administrativa de la vocalía de Maqueda y al director general de Sistemas de la CSJN.

La médica legista y perito de la CSJN, María Cristina Interlandi, afirmó que existe una limitación de los sistemas informáticos en relación con la autorización de medicamentos que corresponde a cada afiliado. Oscar Fernández, contador y perito de la auditoría de la OSPJN, dijo que no había presupuesto como herramienta de gestión; mientras que la contadora Melisa Solana, quien se desempeñó como auditora de la OSPJN entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, señaló que fue entrevistada por Rosatti, donde se le transmitió el primer informe de la CSJN, en el cual exponían determinadas deficiencias en el circuito administrativo y contable.

Laura Coulin y Liliana de Brito participaron de esta audiencia como damnificadas: pusieron de relieve las dificultades administrativas y el atraso para percibir reintegros por los trámites en relación con las enfermedades de sus hijos.

Además, en relación con el fallo del 2×1, citaron al extitular de la Procuraduría de Lesa Humanidad y al Secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri.

Audiencia N° 11 (25 de abril): OSPJN.

Declaró el exadministrador de la CSJN, Daniel Marchi, quien planteó que «no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles». Explicó que fue desplazado a la Cámara de la Seguridad Social por decisión de la mayoría (integrada por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti). Además, agregó que Maqueda es quien maneja la OSPJN y que ello se demuestra porque es quien eligió a todos los directores sin realizar concursos.

Antes de las preguntas de las/os diputadas/os, leyó un informe en el que mencionó que «nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que trabajamos en la auditoría de la obra social«.

Tonon no asistió y envió una nota en la que se excusa de concurrir por tener una causa judicial pendiente, por lo que los integrantes de la Comisión decidieron citarlo nuevamente, bajo condición de dar intervención a un juzgado federal para que sea llevado por la fuerza pública.
Tampoco concurrió el Secretario Letrado de la CSJN, Sebastian Clerici, quien argumentó cuestiones médicas. Se mantiene en rebeldía el abogado Marcelo Mazzeo, que también sería convocado mediante intervención judicial.

Audiencia N° 12 (3 de mayo): OSPJN.

Se aprobó un pedido de información a la AFIP sobre la empresa MoRo Media S.R.L., una firma creada por Silvio Robles, asesor de Rossati.

Declaró el director de Informática, Andrés Sacchi, quien confirmó que existió un mail de Maqueda en el que informaba a sus pares y a otros funcionarios que se retiraba de la administración de la OSPJN, verificando, así, que era el responsable directo de esa dependencia. Además, precisó que no existió una investigación del software existente, que era antiguo. Por este motivo, mencionó que desde el momento inicial el objetivo fue informatizar porque lo que existía era un software que no cubría las necesidades. Agregó que “una gotera afectó la computadora de Robles durante la feria judicial de enero último” y que “la llevamos a sistemas para hacer un estudio de la misma y comprobamos que partes vitales de la computadora, como el disco rígido, no fueron afectados”. Esto ocurrió días después de que trascendieran los supuestos chats con el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en relación a algunas decisiones judiciales.

María Betina Bonuccelli, Subsecretaria Administrativa de la vocalía de Maqueda, detalló su trabajo y mencionó que, respecto a la OSPJN, solo recibían llamados o afiliados/as con problemas o quejas que eran derivados a la Dirección de Tonón.

Valeria Díaz, afiliada a la obra social, expuso: “yo tenía la necesidad y las ganas de ser mamá, y la OSPJN seguía rechazándome por diferentes motivos, cuando había una ley nacional que decía que debía cumplir con esa prestación. El doctor Tonón me dijo si estaba segura de lo que iba a hacer porque era totalmente antinatural, y que él no veía lo que podía pasar si autorizaba el tema de los gametos; obviamente me dejó pensando en si estaba bien o mal lo que hacía”,

El secretario letrado de la CSJN, Sebastián Clérici, y el contador, Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la OSPJN, argumentaron sus ausencias por motivos personales.

El diputado Tailhade pidió una ampliación de pruebas y las citaciones de la jueza Forns y de María José Castillo, abogada de la agrupación HIJOS de Jujuy.

Audiencia N° 13 (9 de mayo): OSPJN y jueza Forns.

En esta audiencia volvió a declarar Marchi y dijo que se negó a encubrir a Althabe y Robles, en el marco de la auditoría realizada. Respecto al primero, mencionó que Rosatti le dijo que si corría peligro, él se iba primero. Además, le pidió destruir parte de su legajo. Mientras que en torno al segundo, denunció que negociaba fallos por contratos en la Cámara Federal de Casación Penal.

Asistió la Jueza Forns, quien aseguró que la OSPJN la dejó abandonada, junto a su familia, cuando contrajo coronavirus. Contó lo que tuvieron que pasar por la mala gestión de la OSPJN y que habló con Maqueda. Ofreció aportar correos electrónicos donde se confirma que era él quien estaba a cargo de la obra social. Además, hizo mención al pedido de juicio político en su contra por hacer lugar a un amparo que suspendió el tarifazo dictado por Macri y la posterior presentación ante la CIDH.

El contador Nicolás Serafini expuso sobre su labor como auditor externo en relación a los balances de la OSPJN. Mencionó que “el primer año que me contrataron fue para realizar el trabajo de estudios contables del año 2008. Lo primero que solicité fue la información previa y ahí veo que no había balances del 2007 ni de 2006, solo había información reciente del 2005, por lo cual el contrato se extiende a realizar los balances de esos años que faltaban«. Además, dijo que «los primeros informes no tienen una opinión favorable, tienen abstención de opinión los de 2005 y 2006. A partir del 2008 empecé a firmar la auditoría, tienen opinión de razonabilidad. Previo a eso hicimos un informe sobre la situación que encontramos en la OSPJN«. Señaló que en el sistema contable de la OSPJN había información que parecía estar incompleta y vulnerable, ya que podía ser modificada incluso a pesar de que un ejercicio contable estuviera cerrado.

En esta oportunidad, la Comisión votó que se sumaran a las pruebas las «resoluciones que designan a Marta Herrera Alem tanto a cargo de la vocalía del doctor Maqueda, como luego a cargo de la vicepresidencia de la OSPJN«.

El diputado Martínez no descartó ampliar las causales del juicio político al afirmar que su espacio (FdT) «se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tenga que hacer en términos políticos«, ante la decisión del Máximo Tribunal de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan.

Audiencia N° 14 (18 de mayo): pedidos de ampliación del juicio político y OSPJN.

El FdT pidió una ampliación del juicio político para incorporar el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán. En el pedido, los/las diputados/as nacionales del mencionado bloque sostuvieron que «lo extremadamente peligroso para nuestras instituciones y para nuestro sistema republicano y federal, es la manipulación política de las herramientas y tiempos procesales de los que hizo uso y abuso la CSJN”.

Como respuesta a esa presentación, el interbloque de JxC planteó que se incorpore al tratamiento de ese cuerpo el pedido de juicio político presentado por el bloque de la UCR a fines de 2022 contra el presidente Alberto Fernández, en relación al fallo de la CSJN sobre la coparticipación federal.

Desde el bloque UCR, el diputado Mario Negri, anticipó que solicitaron incorporar los expedientes y advirtió que “hay dos pedidos de juicio político contra el presidente presentados, el de la fiesta en Olivos y cuando convocó a desoír el fallo de la CSJN por la coparticipación de CABA”.

En cuanto a los testimonios, Aldo Tonón finalmente declaró, La Comisión lo había citado en tres oportunidades para exponer sobre las denuncias, pero el exfuncionario recién asistió luego de ser notificado por el juez Lijo de que debía comparecer. El juez emitió la orden ya que lo investiga en una causa por ese tema y Tonón había argumentado que por esa razón no podía asistir.

El extitular de la OSPJN fue acompañado por el abogado Mauricio D’Alessandro, pero el letrado no pudo participar ni sentarse al lado del testigo, ya que de acuerdo al reglamento solo puede declarar la persona citada.

Al inicio de su exposición, y ante una consulta del diputado Rodolfo Tailhade sobre los motivos del alejamiento de sus funciones, Tonón dijo que «la decisión de mi renuncia al directorio de la OSPJN obedeció a que ya no quería continuar trabajando. Llevo cincuenta años en la profesión y treinta y cinco años en la gestión y me sentía agotado».

Al solicitarle un análisis de su gestión, que Tonón dijo «me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional porque me puedo autoincriminar». No obstante, agregó que la OSPJN «es una institución que tiene autonomía de gestión, por lo tanto los ministros (de la CSJN) estaban informados de cómo funcionaba, qué se estaba haciendo, pero no tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura». Ante otra consulta del bloque oficialista, admitió que «la situación que tenía la OSPJN no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud».

Sobre las firmas de los integrantes de la CSJN en las licitaciones y compras de la OSPJN, expuso que “no era mi función interferir en las funciones de la CSJN, ni saber quién firmaba”. En tanto, el testigo en reiteradas ocasiones se acogió al artículo 18 de la Constitución Nacional por lo que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.

Hasta que se conoció que asistiría Tonón, expuso el secretario letrado de la CSJN, Sebastián Clérici, quien afirmó que la OSPJN es “una dependencia de la CSJN, donde el directorio está dotado de amplia autonomía para resolver y ejecutar», y dijo «no tener conocimiento» de la situación en torno a las vacancias.

Desde el FdT centraron las preguntas sobre los diversos mecanismos con que la OSPJN efectuaba las contrataciones y licitaciones. «El criterio por el cual solo tomamos intervención desde mi área es el principio general de la licitación pública para todos los casos; puede haber razones de urgencias o de único proveedor que lleven a otro tipo de contrataciones» expuso Clérici.

Asimismo, ratificó su actuación y lo firmado en el informe como presidente de la comisión auditora interna de la OSPJN. “Uno de los vínculos que teníamos con la OSPJN era cuando un afiliado no recibía una prestación en todo o en parte conforme a lo peticionado, existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la CSJN”.

Laura Ambrosio, afiliada de la OSPJN y damnificada, brindó su testimonio sobre la actuación de la OSPJN en el transcurso de la enfermedad que padeció su marido fallecido, teniendo además un hijo discapacitado. Dijo:“si yo no llamaba, pedía, reclamaba y amenazaba con ir de vuelta por la vía judicial, las cosas no aparecían. En la internación domiciliaria nunca brindaron respuesta porque decían que no se cubría”.

Para finalizar, la Comisión votó en favor de incorporar nuevos testigos propuestos por los/as diputados/as oficialistas Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Germán Martínez, entre ellos, Mariano Althabe, actual director de OSPJN y Cora Borensztejn, miembro del directorio de la OSPJN. JxC votó en contra.

Los testigos que no estuvieron presentes fueron Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, contadores públicos. En el caso de Ritvo por un pedido de reprogramación, y en el caso de Martínez porque no se lo pudo localizar en domicilio.

Audiencia N° 15 (06 de junio): solicitud de citación al juez Maqueda por el supuesto mal desempeño de las funciones como supervisor de la OSPJN.

Para el bloque del FdT, el pedido de citación a Maqueda se sostiene en «suficientes pruebas de la participación (…) respecto de las imputaciones de mal desempeño y posible comisión de delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas». Indicaron también que «todo ello, sin perjuicio de formular cargos remanentes en su oportunidad respecto a los demás ministros de la CSJN, conforme el devenir procesal y la probanza a reunirse o colegiarse, ejerciendo el procedimiento». El escrito votado por la mayoría oficialista, que tiene dieciséis sobre los treinta y un miembros, fue argumentado por la diputada Vanesa Siley. JxC votó en contra.

La presidenta, Carolina Gaillard (FdT), informó que la exdirectora de la OSPJN, Marta Herrera Alem, pidió reprogramar su declaración.

La primera testigo que declaró fue la secretaria letrada de la vocalía de Rosatti, Isabel López Alducin. Dijo que se dedica específicamente a expedientes jurisdiccionales, que no tiene conocimiento de cuestiones sobre superintendencia y administrativa y que “los expedientes de la OSPJN vienen por otra línea que no es la que yo trabajo». Ante una consulta del diputado Leopoldo Moreau, López Alducin confirmó que Maqueda «tenía el primer voto en temas de salud y obra social y en los temas laborales», y precisó que cuando debe enviar un proyecto lo hacía «al correo de Silvio Robles o Natalia Monayer porque no tengo el correo de Rosatti».

Por su parte, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía de Maqueda, señaló que «a mí no me pedían gestiones, yo no gestionaba, era una simple ayuda, una simple guía, como la que puede hacer cualquiera que podría estar en la CSJN, o como la podría hacer cualquiera cuando alguien pide una colaboración».

Respecto a consultas sobre el mail que envía Maqueda, del 30 de agosto de 2021, en el que el refiere a sus otros colegas de la CSJN que “deja la supervisión de la OSPJN”, contestó “sí, conozco el mail y su contenido, el ministro nos puso en copia”. “Lo que he percibido es que mi trabajo relacionado con la Superintendencia no ha variado antes o después de ese mail” clarificó.

En su exposición, Villarruel se refirió al caso del marido de la jueza Martina Forns y dijo que «las personas que llegaron a mí para consultar por una cuestión con la OSPJN las puedo contar con los dedos de la mano, incluido el caso de Forns, siempre mi intervención se limitaba a ver si la OSPJN había recibido ese pedido para que le dieron el curso que correspondía».

La exdirectora de la OSPJN, Claudia Madies, declaró que “como parte del directorio, no interactuaba mucho con la CSJN sino con el equipo del directorio. Fue muy poco el tiempo que estuve (2008 a 2009) un periodo casi fundacional, nuestra relación con la CSJN era más acotada” y, a su vez, dijo que el expresidente del directorio, Tonón “no compartía gestión transparente, con deliberación y un cuerpo colegiado. Él tenía una inquietud más personal, era personalista al llevar adelante las resoluciones”.

A su turno, el funcionario de la asesoría jurídica de la OSPJN, Néstor Fasciollo, también brindó testimonio. Sobre el correo electrónico de la renuncia de Maqueda a facultades de supervisión dijo “tomé conocimiento a través de los medios”. “La OSPJN es una dependencia y forma parte del Poder Judicial de la Nación”. En referencia a las licitaciones contó que “el área es asesoría jurídica, no es un órgano de control, la OSPJN tiene la asesoría pero no es auditor del directorio. Después de que el expediente licitatorio pasaba por el área se hacía el dictamen y no volvía a intervenir el área de asesoría”.

Como damnificada de la OSPJN, Marcela Carlomagno, resumió su caso ante un problema de salud, “los días pasaban y no me hacían la intervención quirúrgica, me decían que la OSPJN no otorgaba la prótesis, y a raíz de ese demora luego tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria”. “No tenía forma de lograr que la OSPJN se hiciera cargo” agregó luego de comentar que se tuvo que costear la internación domiciliaria.

Como contador público -en modalidad de contrato externo- de la OSPJN, Iván Nicolás Ritvo, testificó que “el balance una vez que está firmado no se puede modificar, igualmente quien lo firma es el Directorio; mi función era pura y exclusivamente confeccionarlo, llevarlo a normas contables por así decirlo. Soy externo a la obra social, nunca fui interno, y el trabajo una vez que se terminaba se presentaba ante el Directorio”.

Por último, María Guadalupe Burgos, quien hacía las veces de tesorera de la OSPJN, manifestó que “en el sector de Tesorería no se toma ninguna decisión, sino que se ejecutan órdenes, no se decide qué se cobra y ni qué se paga, todo pasa por las áreas previas donde se controla”. Agregó que “nosotros lo que visualizábamos eran los saldos bancarios a la fecha y teníamos un historial de los ingresos y los egresos, con eso se podían llegar a calcular los remanentes y si se podían afrontar o no los gastos”.

Audiencia N° 16 (15 de junio): citación de Silvio Robles y a Marcelo D’Alessandro, en relación al fallo por la coparticipación que benefició a CABA.

La Comisión debatió, con un resultado favorable, la citación a Maqueda por el supuesto mal desempeño en sus funciones como supervisor de la OSPJN. En consecuencia, el magistrado contaría con diez días hábiles para que informe, ya sea de forma personal o por escrito, sobre los cargos formulados. Además, a propuesta de la diputada Vanesa Siley (FdT), la resolución contempla la creación de una Subcomisión interna con representantes de todos los bloques para continuar con la investigación sobre las irregularidades de la OSPJN.

En ese sentido, Carolina Gaillard (FdT) indicó que “Maqueda estuvo trece años a cargo de la OSPJN”, y señaló que, dentro de los cargos que se le atribuyen, se destaca “la omisión en el deber de fiscalización, supervisión y de control de gestión que tenía el juez como supervisor de la OSPJN”.

El diputado del PRO, Pablo Tonelli, anticipó el voto negativo de ese bloque a la citación a Maqueda y dijo que las supuestas irregularidades en el funcionamiento en el ente de salud judicial «no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país». Agregó que «están lejísimos de constituir mal desempeño», y advirtió sobre la «falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas».

En la misma línea que su preopinante, Juan Manuel López (CC) manifestó su postura en contra de la creación de la Subcomisión y sostuvo que “hacen una responsabilidad diferenciada de uno de los jueces de la CSJN y no han encontrado ningún acto administrativo que le haya asignado ningún tipo de supervisión o de función a Maqueda”. Asimismo, acusó al oficialismo de «estar buscando qué Maqueda renuncie para tener dos vacantes de acá a las elecciones». Y sostuvo que «lo único que hacen es que se quede más, pienso que hasta se equivocan en la maniobra política».

Leopoldo Moreau (FdT) afirmó que «no estamos discutiendo el funcionamiento de todas las obras sociales sino el juicio político a la CSJN. Estamos hablando de la cabeza de uno de los poderes de la República».

Vanesa Siley (FdT) precisó que «esto no es una imputación. No se le puede asemejar a ninguna figura procesal» y agregó que «no hubo ninguna imputación a nadie», a la vez que dijo que «este escándalo no lo inventó este bloque sino que saltó a la luz, se cayó de maduro». Añadió que “el problema venía existiendo y surgió o bien por una interna de la CSJN o por las causas penales y las propias denuncias. Por eso la CSJN mandó a hacer la auditoría». En idéntico sentido sostuvo que «fue la propia CSJN que auditó el periodo donde Maqueda estuvo a cargo hasta su renuncia».

En otro sentido, el pleno de la Comisión estableció un plan de trabajo sobre el fallo de la CSJN a favor de CABA en relación a la coparticipación federal.

Marcelo Casaretto (FdT), exministro de Economía de Entre Ríos y actual diputado, sostuvo que «venimos a presentar la solicitud del juicio político a los integrantes de la CSJN, (que falló) en favor de uno de los distritos más ricos en contra de la Nación, de las provincias y en contra de un país federal». Además, agrega que «lo que plantea la cautelar (de la CSJN en favor de CABA) es hacer un promedio entre lo que reclama CABA, el 3,5% (de coparticipación), y lo que está pagando el Estado, lo que resulta un 2,95% de forma transitoria y eso hace que se sigan concentrando recursos en favor de CABA».

El también oficialista Eduardo Valdés se preguntó por qué la CSJN antes de dictar el fallo “¿no citó a ninguno de los gobernadores que se habían presentado como amicus curiae? Son quince los gobernadores que la CSJN desoyó por sacar con urgencia este fallo a favor de CABA».

Su compañero de bloque, Rodolfo Taihlade, dijo que «la hipótesis principal que nosotros tenemos que investigar es el acuerdo y la complicidad, o si se quiere, la connivencia entre la CSJN y un sector político que conduce el gobierno de CABA”. Y que «el Presidente (Alberto Fernández) no instruyó a los diputados a iniciar el juicio político cuando salieron los fallos del Consejo de la Magistratura o coparticipación, sino cuando aparecieron los chats entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles», abundó.

Una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a CABA (que habían sido redistribuidos por el gobierno de Alberto Fernández) benefició al gobierno de Rodríguez Larreta luego de negociaciones entre Rosatti y la administración porteña a través de Robles. Esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la CSJN firmaron una medida cautelar que ordenó al gobierno nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.

Con el asentimiento de los miembros de la Comisión, el diputado Ricardo Herrera (FdT) se reincorporó como vicepresidente segundo de la misma. Según aclaró Gaillard, en la próxima reunión por tema coparticipación están propuestos como testigos gobernadores, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez y distintos fiscales del Estado.

Audiencia N° 17 (6 de julio): la Comisión investiga si los cuatro jueces de la CSJN incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por el gobierno de CABA ante la redistribución de fondos dispuesta por Nación.

Al abrir la reunión, Gaillard precisó que Maqueda no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los catorce cargos que se le formulan «provisionalmente», a raíz de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la OSPJN. «La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la OSPJN « aseveró la diputada del FdT, quien dijo que «él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho».

La Comisión aprobó una ampliación de prueba para que se cite en la próxima reunión a la exministra de Economía Silvina Batakis y al Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, así como a funcionarios del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema. Asimismo, tras un breve debate entre el oficialismo y la oposición, acordaron dejar la convocatoria de Rogelio Frigerio, exministro del Interior del Gobierno macrista, para después de las elecciones generales del 22 de octubre.

Durante la reunión, el diputado del FdT Rodolfo Tailhade propuso una ampliación de pruebas con la incorporación de algunos testimonios y la “recepción de huellas de voz” del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’ Alessandro, con el fin de “analizar su relación con el colaborador de la CSJN Silvio Robles”. La votación de la propuesta del diputado resultó favorable.

«Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la CSJN y el gobierno de CABA en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones» afirmó Tailhade, quien pidió además que se realicen «tomas de las huellas biométricas de voz de D’Alessandro y se haga un peritaje para cotejar la posible identidad de los chats». En los mismos, figuran conversaciones que D’Alessandro habría mantenido con Robles.

En relación al análisis del fallo de coparticipación, expuso el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien en calidad de testigo se refirió al fallo desde la óptica del Estado nacional: “la postura nacional frente a los decretos que le asignaron un 3.75% y, posteriormente, un 3.50% de coparticipación a CABA fue dejarlos sin efecto en función de su ilegitimidad”.

Además, el funcionario indicó que “los vicios se relacionan con que CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y en el convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad no fue estimado el costo que podía representar la ejecución y el cumplimiento de esos servicios ni se estableció ningún mecanismo para establecerlo”.

Ante consultas sobre el cumplimiento del fallo, dijo que “la procuración no fue consultada formalmente acerca del curso de acción a seguir en lo relativo al cumplimiento o no de esa sentencia cautelar” y aclaró que se “interpuso un recurso al que entendemos corresponde aplicarle un efecto suspensivo, conforme la ley de medidas cautelares porque la cautelar suspende una ley”.

Por su parte, Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la CSJN, testificó que las funciones de la unidad son “básicamente por indicación de la presidencia de la CSJN, realizar estudios sobre el impacto o los efectos que puedan tener trámites o decisiones que involucran al máximo tribunal en diversas variables económicas en términos de sentencia. Proveer de esos informes, solicitar información a los organismos pertinentes para realizar esos estudios”.

Ante consultas sobre quien solicita esos informes, el testigo contestó que se realiza “a través de la secretaría general de administración, los secretarios letrados solicitan estos informes”. En el caso concreto del expediente que se trata en la jornada dijo que “no se le ha dado intervención a la unidad de análisis económico” que conduce. A su vez, expresó que “desconozco los motivos” por los cuales no hubo intervención.

Audiencia N° 18 (11 de julio): los/as legisladores/as buscan comprobar si existió «connivencia» entre el gobierno de CABA y los integrantes del máximo tribunal antes de dictar el fallo sobre coparticipación.

Al inicio de la reunión, la Comisión avaló un pedido de Tailhade para solicitar la convocatoria como testigo a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP, quien expuso en el Senado sobre el traspaso de los fondos de coparticipación. A su vez, se acordó pedir a la CSJN un informe sobre la circulación del fallo y si se realizó un peritaje técnico de los expedientes de los decretos, así como su motivación.

No concurrieron el Procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa, y el secretario de Juicios Originarios de la CSJN, Alejandro Daniel Rodríguez, quienes justificaron sus ausencias y pidieron reprogramar sus citas.

Para dar inicio a las testimoniales, Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, exministra de Economía y exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior, explicó que no encontraron ningún antecedente de los tres decretos de la gestión del ex presidente Mauricio Macri sobre los fondos de coparticipación a favor de CABA. En este sentido, criticó que “el primer decreto ni siquiera establece los motivos por los cuales se aumenta de 1,4% a 3.75%”.

“La Auditoría de CABA trabajó sobre las erogaciones vinculadas con la transferencia de seguridad. El informe establece que no había ningún fundamento para poder llevar al 3,75% y que había inconvenientes para acceder a la información” agregó. Y, en tanto, puntualizó con respecto a la coparticipación que “para poder abordar las erogaciones, la variación tendría que haber sido 0,92% y fue en exceso. Del 2.32% al 3.75% es todo el exceso que tuvo”.

Al respecto, detalló que “tendría que haber venido un segundo decreto, que no es reglamentario, pero simplemente lo que hace es corregir una omisión de información y explicar por qué se había hecho ese incremento. No hay ningún informe técnico ni fundamentos que explique ese paso”.

En esa línea, Batakis dijo que «lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son».

Ante un pedido del diputado del FdT Leopoldo Moreau, la exsecretaria de Provincias dijo que Robles, mano derecha de Rosatti, participó de la primera parte de la audiencia realizada en marzo de 2022 por la coparticipación como asesor del ministro de la CSJN. Batakis realizó un plano detallado de la ubicación del asesor en la sala de audiencias, a pesar de no estar consignada su presencia en el acta de esa reunión. Es por esto que Moreau dijo que Robles fue «deliberadamente excluido de esa acta, no hay otro funcionario que haya sido excluido», al sostener que «por eso creemos que esa acta carece de validez».

El diputado del PRO, Álvaro González, le preguntó a Batakis si como presidenta del Banco Nación había sido notificada del fallo de la CSJN. La funcionaria aclaró que esa entidad «no fue notificada porque es un agente financiero y no es parte» de esa medida, aunque dijo que está «cumpliendo con toda la normativa por la cual se están transfiriendo los fondos. Nosotros no somos los dueños de los recursos».

La ronda de visitantes se completó con los fiscales de Estado de las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz y por un funcionario riojano.

Raúl Abate, de Santiago del Estero, señaló que “en reunión de gobernadores que se realizó en 2022, en virtud de las circunstancias que eran tratadas en esta causa se me instruyó para participar como Amicus Curiae”. Agrega que “solicitábamos ser escuchados (…) y tuvimos un problema con la CSJN de comunicación. Evidentemente ha decidido el silencio, es desidia y es un desprecio a las provincias”.

“El fallo -como opinión técnica- es verdaderamente sorprendente en tanto suspendía la aplicación de una ley que no había sido declarada constitucional y establecía un porcentaje arbitrario o caprichoso. A lo mejor ese porcentaje es menos o más pero no fruto de estudios técnicos que determinen si ese porcentaje es justo” aseveró el testigo.

Por su parte, Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca, expuso: «La presentación de la provincia de Catamarca se hizo manifestando que no éramos parte de este proceso, pero teníamos legitimación para intervenir ya que nos interesaba dar cuenta del desfasaje a favor de la CABA».

“Nuestra parte cumplió con todos los requisitos que la propia CSJN había establecido para que nosotros nos incorporemos (…) jamás nos contestaron, se otorgó una suma que no tenía fundamento y se violentó el federalismo de concertación” aseguró el testigo de Catamarca.

Por Santa Cruz lo hizo Pablo Tannaro, que dijo que «entendemos que la CSJN cuando dicta la medida cautelar se extralimita en sus funciones, resuelve cómo deben disponerse los recursos de coparticipación y establece un porcentaje que a nosotros nos parece infundado».

En nombre de la provincia de La Rioja el testimonio lo dio el asesor general de gobierno, Oscar Goyochea, que expresó que «la provincia de La Rioja, por instrucción del gobernador, ha decidido solicitar la figura de ‘amigos del Tribunal’ para participar en el proceso judicial, pero la CSJN no ha respondido a las presentaciones».

Audiencia N° 19 (1 de agosto): D’Alessandro, ausente. Las críticas apuntaron a la reticencia de Robles a responder las consultas de los/as legisladores/as argumentando el amparo en «el artículo 18 de la Constitución Nacional».

Los/as diputados/as nacionales del FdT cuestionaron la «reticencia» de Silvio Robles, asesor de Rosatti, a responder las preguntas sobre el fallo por la coparticipación que benefició a CABA. «Vamos a seguir preguntando, pero hay respuestas prediseñadas que no hacen fácil esto. No sé si tiene claro que es funcionario público y su sueldo se lo paga el pueblo, no Rosatti», indicó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez.

En el mismo sentido, Leopoldo Moreau puso de relieve «los esfuerzos que hace el testigo para eludir respuestas» y advirtió que brindar las respuestas «no es a partir de la buena voluntad del testigo, sino que es una obligación».

En diferentes pasajes de la reunión, los diputados de JxC cuestionaron la metodología implementada por el oficialismo para realizarle las preguntas al testigo.

En el inicio de la jornada, la presidenta de la Comisión aclaró que Marcelo D’Alessandro fue convocado a la Comisión pero pidió reprogramar su presencia para futuras reuniones “por cuestiones personales”.

Asimismo, la Comisión votó afirmativamente citar al secretario de jurisprudencia de la CSJN, Federico Di Lorenzo, un pedido de circulación del expediente a la CSJN del fallo de la coparticipación federal y un careo entre Silvio Robles y Héctor Marchi, ex administrador de la CSJN, el relevamiento del secreto que establece el artículo 8 inciso B de la justicia nacional sobre guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales y un pedido del acto administrativo de designación de Robles.

Durante el encuentro, expusieron Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la CSJN, Alejandro Otero, contador público, magister en Administración Pública y asesor en la AFIP y Silvio Robles, director general de la vocalía de Rosatti.

En primer término, respondió las preguntas Alejandro Otero, quien participó del debate en el Senado en 2020, sobre el proyecto de la Ley N° 27.606 de transferencias de las competencias a CABA. Allí, explicó que “el contexto en el que se fijó el porcentaje del 1,4 fue el de la salida de la crisis del 2001. En el decreto 194 no surge cuál es el fundamento del incremento del porcentaje de coparticipación de CABA; en el posterior, el 399, se detalla que el incremento correspondía al servicio de seguridad”.

En ese sentido, sostuvo que “en la cautelar de la CSJN no se conoce el cálculo para la obtención del coeficiente del 2.95, donde no se altera la coparticipación secundaria, pero sí fija, mediante un fallo, algo que tiene que ser fijado por ley”.

Por su parte, Alejandro Daniel Rodríguez, de la secretaría de juicios originarios de la CSJN, testificó cómo intervino la secretaría en el trámite, y sostuvo que “desde el inicio de la causa con la actuación que habitualmente la secretaría tiene, que es recibir las demandas, ponerlas en conocimiento de los ministros y cumplir con los trámites procesales habituales, la remisión de los expedientes a la Procuración y las providencias de trámite que habitualmente se cumplen en este tipo de causas”.

En relación a la resolución de la cautelar dijo que “la secretaría no tuvo intervención, fue decidida por los jueces en su vocalía. Hubo dos audiencias de conciliación en al ámbito de la secretaría y comparecieron la dirección letrada del Ministerio de Economía de la Nación; el Procurador de la Ciudad de Buenos Aires; algún funcionario de la CABA; y algún colaborador mío de la secretaría”. Y prosiguió: “Fue una instrucción del tribunal convocar a las partes para que les explicara que la CSJN podía ser el ámbito de negociación. Fue el único propósito de la convocatoria”.

Ante las consultas sobre la situación actual de las causas, el testigo afirmó que “están en la secretaría, se han efectuado presentaciones pero no tiene decisiones desde el 21 de diciembre de 2022. Con posterioridad a la medida cautelar hay un pedido de revocatoria por la medida cautelar y hay una recusación a los jueces del tribunal. Está pendiente de resolver eso. Con lo cual la secretaria informa las presentaciones”.

En tanto, el testigo Silvio Robles fue indagado en torno a su supuesta presencia en la audiencia que las partes -Nación y CABA- tuvieron oportunamente por el tema coparticipación y los chats filtrados entre él y el exministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, en donde supuestamente negociaban el fallo a favor de CABA.

Previamente, el funcionario leyó un escrito en donde “aclaro que desde la Comisión algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos sobre la base de calumnias, fantasías e injurias”. A su vez, se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional ante reiteradas consultas de la Comisión: «No me amparo solamente en disposiciones legales. Ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron e inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales».

Además -sobre su relación con Rosatti- dijo “tengo una relación funcional. Lo conozco cuando fue ministro de la cartera de justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo. Hoy es mi superior jerárquico, es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”.

Ante preguntas sobre su función judicial expresó “era responsable de comunicación inicialmente y después lo estuve acompañando en las distintas actividades que el Dr. Rosatti indicaba, como por ejemplo, las cuestiones de la Superintendencia”. Además, aclaró que era secretario no letrado desde 2016.  “Soy uno de los secretarios de Rosatti. No soy abogado, por ende, no manejo temas jurisdiccionales”, declaró.

“Como soy empleado y funcionario judicial estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. El artículo 8 inciso B me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”, contestó respecto a las consultas sobre supuestas directivas que dio sobre el fallo coparticipación.

Frente al interrogatorio acerca de su relación o si “conocía a D’Alessandro”, el funcionario testificó que «hay cuestiones que están judicializadas. Me amparo en el artículo 18 sobre esa pregunta». «No soy abogado, vine como testigo. Son las causas donde hubo denuncias que son públicas y causas en trámite pero no recuerdo la carátula, ni número», atestiguó ante la objeción del diputado Rodolfo Tailhade que pidió que las enumere y aseguró que “no tenía tiene ninguna denuncia penal para ampararse en ese artículo”.

Robles también invocó el artículo 18 a partir de las preguntas en base al testimonio de Héctor Marchi, exadministrador de la CSJN, quien lo acusó de ocultar a los demás miembros el cuarto informe de auditoría sobre las presuntas irregularidades en la OSPJN durante la gestión del interventor Mariano Althabe, designado por Rosatti.

Audiencia n° 20 (8 de agosto): falta D´Alessandro y pedido de sanciones disciplinarias a Robles por falso testimonio.

Para esta audiencia, había sido citado de nuevo Marcelo D’Alessandro. Sin embargo, el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, informó nuevamente que no puede asistir a la reunión por motivos personales. Frente a ello, se decidió realizar una nueva citación, bajo apercibimiento de dar la intervención al juez competente.

Luego, confirmó la ausencia de Mahiques, quien pidió reprogramar su visita a la comisión «por razones personales”.

Por otro lado, en torno a la declaración del testigo Robles de la reunión pasada, la Comisión aprobó solicitar a la CSJN que evalúe, en uso de sus facultades de superintendencia, iniciar acciones sumariales al señor Silvio Robles, atento su conducta como testigo reticente.

La presidenta explicó que “Silvio Robles invocó sin fundamento alguno la garantía del Artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad, pudiendo quedar su conducta incursa en el tipo penal del Artículo 275 del Código Penal…, es decir, falso testimonio” y que “invocó erróneamente el Artículo 8° del Reglamento para la Justicia Nacional, aplicándola a casos que no se encuentran contemplados en el mismo”.

Palabras finales

El proceso de juicio político no está terminado: al día de la fecha se produjeron veintidós audiencias en la Comisión, de las cuales las primeras veinte ya tienen su versión taquigráfica publicada y fueron aquí reseñadas.

En caso de que se apruebe el dictamen que se elaborará luego con una mayoría especial en la Cámara de Diputados, dos de sus integrantes deberán formular la acusación correspondiente frente a la Cámara Alta, donde se decidirá respecto a la destitución o a la absolución de los acusados.

^[1] https://icldigital.com.ar/politica-judicial/los-supremos-en-el-banquillo-de-los-acusados/

^[2] https://icldigital.com.ar/politica-judicial/los-supremos-en-el-banquillo-de-los-acusados-parte-ii/

^[3] Se puede acceder a la versión taquigrafica de cada reunión a traves del siguiente link: https://www.hcdn.gob.ar/comisiones/permanentes/cjpolitico/reuniones/vt/vts-pdf-links.html

 

(*) Abogadas (UBA)